El futuro hospital de Teruel parece un poco más cerca. El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sebastián Celaya, se reunió ayer en Zaragoza con representantes de todos los grupos políticos de la ciudad turolense y quedó claro que la Administración autonómica correrá a cargo de los accesos y de las expropiaciones de terrenos, una operación que costará ocho millones de euros, mientras que el ayuntamiento financiará la redacción del proyecto, que ha sido objeto de una modificación.
Con todo, pese a que ambas instituciones escenificaron ayer su voluntad de colaborar y elogiaron el «buen ambiente» que presidió la reunión, lo cierto es que los turolenses son pesimistas. «La obra llega tarde, nos hubiera gustado que llegara cuanto antes», subrayó ayer Emma Buj, alcaldesa de la ciudad por el PP.
En su opinión, el anuncio de que la construcción se va a licitar no impide que «durante esta legislatura no se vaya a invertir ni un solo euro». Buj hizo hincapié en que hasta la primavera del 2019 no se pondrá la primera piedra y se felicitó de que no sea necesario solicitar una nueva licencia.
OBRA «COMPLEJA»
Desde su punto de vista, el «tema fundamental» del proyecto son los accesos. En este sentido, señaló que, si bien el ayuntamiento se comprometió a allanar el camino en lo que le compete, dado que posee parte de los terrenos, que también tienen propietarios particulares.
El consejero de Sanidad insistió en que «se trata de una obra compleja» y «muy demandada» y se mostró confiado en que «sea cuanto antes una realidad». El coste total del edificio asciende a 103 millones de euros, según informaron fuentes de su departamento, y las obras no terminarán hasta el año 2022.
Por parte del Ayuntamiento de Teruel, en la reunión intervinieron además de la alcaldesa, José Ramón Morro (PSOE), Julio Esteban (PAR), Ramón Fuertes (Ciudadanos) y Carmen Tortajada (Ganar Teruel). Celaya estuvo acompañado, entre otros, por el director de Obras del Salud, Francisco Muñoz; la secretaria general técnica del departamento, Pilar Ventura; y la jefa de gabinete, Saray Noguer.
PRESUPUESTO SIN ATAR
«Salimos con una sensación agridulce», afirmó al término del encuentro Ramón Fuertes, de la formación naranja. «Existe un compromiso de empezar en el 2019, coincidiendo casualmente con un periodo electoral, pero pensamos que la financiación está en el aire».
«Me preocupa que el Gobierno de Aragón no tenga atado el presupuesto, aunque sí parezca que lo está sobre el papel», añadió Fuertes, que considera que «no sería correcto que se recurriera a los fondos del Fite», los recursos que aportan el Gobierno central y el autonómico para inversiones generadoras de empleo en la provincia.
Para Julio Esteban, del PAR, el proyecto no da respuesta a las peticiones de los turolenses, como que hubiera más habitaciones individuales que dobles o que no incluya un servicio de radioterapia. «Nos gustaría saber cuál es el compromiso económico de la Diputación General de Aragón, pues no estamos de acuerdo con que los fondos se obtengan del Fite», agregó este representante municipal. Con todo, Fuertes se mostró optimista. «El hospital se ve más cerca, este paso ya no tiene vuelta atrás», recalcó.
