El Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza van a trabajar de forma coordinada en los asuntos que atañen al derecho a la vivienda de la ciudadanía y no quieren "dar respuestas diferentes", según ha manifestado la directora general de Vivienda y Rehabilitación, Mayte Andreu.
La directora general y el concejal de Vivienda y Deporte en el Ayuntamiento de Zaragoza, Pablo Híjar, han mantenido hoy la primera reunión para establecer líneas de colaboración y plantear soluciones a los desahucios en la ciudad, a la que también ha asistido el consejero José Luis Soro.
Mayte Andreu ha señalado que van a mantener una reunión técnica mensual para tratar los asuntos de mayor emergencia de los ciudadanos y "no queremos dar respuestas diferentes, sino hacerlo de forma conjunta" conscientes de que se está en una situación "complicada y se necesita trabajar de la mano".
Entre la cuestiones que han abordado en esta reunión figuraba el de los desahucios como problema "al que hay que dar respuesta", pero también ha añadido que hay "muchas otras realidades" que afrontar, como el alquiler social".
Pablo Híjar, por su parte, ha incidido en que la creación de esta comisión la consideran "imprescindible" para el seguimiento de muchos casos en los que ya están trabajando de manera coordinada a la vez que tienen que "acompasar las medidas".
Asimismo ha afirmado que tienen una necesidad "acuciante" en el alquiler social así como en los cambios normativos y legislativos que se van a tener que llevar a cabo, a la vez que ha insistido en que la colaboración entre el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón "va a ser total".
La directora de Vivienda ha afirmado que están trabajando para saber el número de viviendas con el que pueden contar y saber "en qué condiciones están" y "conocer la realidad" porque creen que pueden sacar más viviendas, aunque habrá que esperar hasta septiembre para disponer de todos los datos y tener "una realidad de lo que hay".
En estos momentos ya tienen una primera aproximación, aunque están a la espera de informes técnicos y de verificar si están libres las viviendas con las que cuentan porque les consta que "muchas no se pueden ocupar" así como de sus condiciones de habitabilidad.
"Tenemos claro que el derecho a la vivienda es a una vivienda digna y no podemos sacar cualquier casa porque puede haber casas que no se puedan rehabilitar", ha concluido Andreu.
