El Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón está dando el impulso definitivo para empezar a convocar las 1.034 plazas de servicios generales que fueron omitidas de las ofertas de empleo Público del 2007 y 2011, y que el Ejecutivo autónomo va a sacar a oposición, en ejecución de las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

Está previsto que las convocatorias de Administración General empiecen a ser publicadas en el BOA la próxima semana. Las primeras en darse a conocer serán las convocatorias de los turnos de discapacitados y promoción interna del subgrupo A1 (titulados superiores).

En concreto, se trata de 10 plazas de promoción interna (siete de administradores superiores, una de técnicos superiores de gestión de empleo y dos de arquitectos) y ocho para personas con discapacidad (tres de administradores superiores, una de arquitectos, una de farmacéuticos de Administración sanitaria, una de veterinarios de administración sanitaria, una de psicólogo y una de técnico superior de riesgos laborales).

También se convocarán en los próximos días cuatro plazas de turno libre para personal de la plantilla del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA). Se iniciará así el proceso que llevará a la convocatoria progresiva de las diferentes especialidades, a partir de las próximas semanas.

El consejero de Hacienda y Administración Pública, Javier Campoy, destacó ayer que el Gobierno de Aragón "está cumpliendo de forma ágil la ejecución de esta sentencia, una obligación judicial que compartimos firmemente, ya que garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública bajo los criterios de mérito y capacidad".

"Es una buena noticia para muchas personas que van a tener la posibilidad de acceder a un empleo estable y de calidad en la Administración, y para ello estamos impulsando el proceso con las máximas garantías jurídicas y de la forma más ordenada posible, atendiendo a las necesidades de cada sector", añadió Campoy.

Parte de las convocatorias, indicó, salen ya este mismo año, y el resto lo hará en la primera mitad del 2015, pese a que el plazo marcado por la normativa legal era de tres años.