El Gobierno de Aragón no rebla en la intención de ampliar la estación de Cerler por Castanesa, aunque el Tribunal Supremo haya confirmado la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que, en buena medida, la habría sustentado económicamente.

La consejera de Economía de la DGA (y presidenta de Aramón), Marta Gastón, afirmó ayer que, aun respetando la decisión judicial, la anulación se realiza "por un error formal" --la falta del preceptivo informe de evaluación ambiental favorable-- y por tanto se puede subsanar con un nuevo plan de Montanuy que respete los trámites.

Un plan que la alcaldesa de la localidad, Esther Cereza, confirmó ayer que tienen intención de impulsar. Y para el que recibirán "la ayuda al 100%" del Gobierno de Aragón, confirmó la consejera.

DESVINCULADOS Ambas políticas coincidieron además en señalar que el macroproyecto urbanístico de Montanuy es una cosa, y la estación otra. Es decir, que Aramón puede seguir adelante exclusivamente con la estación, y "el proyecto se mantiene", confirmó Gastón. No en vano, recordó que el Proyecto de Interés General (PIGA) que le da cobertura legal está vigente hasta el 2020.

Otra cosa es que la construcción respete "la sostenibilidad económica y ambiental" que, según la consejera, condicionará cualquier futura actuación en la zona. Aunque ni Gastón ni Cereza lo mencionaron ayer, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, y la del Supremo que la confirmó, sí hacían referencia a que la zona es de especial valor ecológico (está en la red Natura 2000) y que la actuación podría suponer trastornos. También es cierto que no era el principal argumento para tumbar el plan.

Un plan que Cereza seguía defendiendo ayer. Pese a lo que faltara el visado oficial del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), "no quiere decir que no se tuvieran en cuenta las afecciones medioambientales", aseguró. Recordó que con 2.500 viviendas, repartidas entre los 17 núcleos de población que componen Montanuy --unas 150 viviendas por pueblo--, no se trata de un proyecto desmesurado. Y que las grandes infraestructuras (como el hotel o la zona de ocio) estarían en el fondo del valle, no en un paraje natural.

Por ello, admitió, están "decepcionados" con la decisión del Supremo, porque considera que son "ajenos a una controversia jurídica y medioambiental" en la que el Inaga dijo que no se requería de evaluación ambiental (en realidad dijo que no procedía, dado lo avanzado de la tramitación).

Para Cereza, el desarrollo del proyecto es vital para la zona, con una población de 220 habitantes censados. "Pero en realidad somos 150, y el 50% están jubilados", ilustró. "Expectativas de vida tenemos pocas o ninguna. Si tardamos otros 10 años en desarrollar un plan (el anulado se aprobó en el 2006), iremos mal", concluyó.