El Gobierno de Aragón y las concesionarias de las autopistas ACESA y AVASA (propietarias de la AP-2 y la AP-68 respectivamente) han formalizado la renovación del convenio por el que la DGA asume parte de la bonificación del 50% delpeaje para vehículos pesados, con la intención de aligerar de tráfico las carreteras nacionales N-II y N-232, respectivamente, dos de las que tienen más siniestralidad en toda España. Concretamente, entre los tramos Fraga-Alfajarín y Zaragoza-Tudela.
El coste estimado para el Gobierno de Aragón por la aplicación de la medida reflejada en la cláusula primera del acuerdo con AVASA asciende a un importe máximo de 220.000 euros, con cargo a los presupuestos de la comunidad autónoma, condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en dicho presupuesto para el ejercicio 2017.
En el caso, como está ocurriendo ahora, de que no hubiera presupuestos, se contemplarían medidas para hacer los pagos. Igual sucede en el caso de la AP-2, donde el Gobierno se compromete a pagar por las bonificaciones.
El convenio recoge todo tipo de cláusulas y el cálculo de los vehículos que atraviesan los peajes, para establecer un cálculo concreto y determinado acerca del volumen de vehículos que cubren a diario este trayecto de ida y vuelta.
Estas bonificaciones vienen firmándose desde el año 2008 para tratar de reducir la siniestralidad en las carreteras nacionales mientras no se produzca su desdoblamiento o la gratuidad absoluta de estas autopistas, que discurren en paralelo a las nacionales. La bonificación al 50% contó posteriormente con la participación del Ministerio de Fomento, que aporta un 25%.
En la pasada visita del ministro de Fomento a Zaragoza, este se comprometió a impulsar la obra de desdoblamiento principalmente de la N-232, en los recorridos entre Zaragoza y Gallur y entre Gallur y Mallén, un tramo que ahora es de línea continua y solo se puede circular a 80 kilómetros por hora.
