El Gobierno de Aragón se ha marcado como prioridad "en cuanto se alcance la estabilidad presupuestaria" la equiparación "de los derechos de las familias" del alumnado escolarizado en los centros concertados de educación especial "a los de las familias de los escolarizados en estos centros de titularidad pública" en relación al servicio de transporte y comedor. Así quedó patente en la redacción del acuerdo firmado el pasado lunes entre el Ejecutivo y las plataformas representativas de las personas con discapacidad, por el que, entre otras cosas, la DGA concertará 314 plazas más en centros y residencias.
En la rúbrica, en la que se anunció que el coste a asumir por el usuario no se incrementará, estuvo presente, en representación del Departamento de Educación, Manuel Magdaleno, director de Política Educativa.
En este sentido, desde varios sectores educativos vienen denunciando la carencia de plazas públicas --la oferta actual para este colectivo es un 65% en centros públicos y un 35% en concertados--, pero, en el proceso de admisión para el curso 2013-14, solo un 42% se adjudicó a la pública porque, en algunos casos, los centros no llegaron a ofertar plazas.
Así, la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (Fapar) reclama la ampliación o construcción de estos centros con menos oferta, que sería "excesiva" en los concertados, donde "no se cubren plazas incluso derivando a los de la pública", apuntaron desde la asociación.
