"Está en estudio destinar escoltas a reforzar la vigilancia de los centros penitenciarios. Se iba a ofrecer destinos en ellos a escoltas", explicó ayer una portavoz de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. El responsable del organismo, Ángel Yuste, no se refirió al plan de privatización de la vigilancia al comparecer ayer ante la Comisión de Interior del Congreso, donde sí calificó como "prescindible" el proyecto de una nueva cárcel para Teruel.
Por su parte, los responsables de la Guardia Civil han explicado a los representantes de la plantilla que los excedentes de las prisiones pasarán básicamente a los puestos principales y cabeceras de las compañías más cercanas, que desarrollarán el proceso de manera paulatina y que los vigilantes privados irán asumiendo tareas --control de circuitos de videovigilancia, accesos y garitas-- previa supervisión de los guardias.
Fuentes policiales llamaron la atención sobre el hecho de que personas del entorno de dirigentes históricos del PP tienen intereses en algunas de las empresas de seguridad privada que operan en el País Vasco, y que estos últimos años han estado prestando servicios de protección personal a cargos públicos y ciudadanos amenazados por la organización ETA.
