La Plataforma en Defensa de la Escuela Pública de Zaragoza mostró ayer su «indignación» ante la sentencia del Tribunal Supremo, que ha condenado a Educación a pagar 3 millones de euros a las familias «de dos colegios del Opus Dei de Zaragoza, Sansueña y Montaragón, que, como seña de identidad mantienen la enseñanza separada por sexos» por negar el concierto.
El colectivo, integrado por los sindicatos estudiantiles ADEA y CEPA, los sindicatos CSIF, CCOO y UGT, los partidos CHA, PSOE e IU, así como los colectivos Fapar, MHUEL y la Federación de Barrios. «En pleno siglo XXI tenemosuna ley educativa, la LOMCE, que lejos de perseguir la calidad que figura en su denominación, contribuye al deterioro del sistema educativo en su conjunto dado su carácter sectario, segregado y mercantilista», añadió la plataforma.
Su portavoz, David París, argumentó que «es sectaria porque viene cargada de contenido ideológico conservador que no cree en la igualdad de oportunidades de todos los niños y niñas, ni en la educación como instrumento de desarrollo personal». Asimismo, indicó que es segregadora «porque permite separar al alumnado por sexo, además de por motivos ideológicos y clase social, olvidando el papel integrador de la escuela, como compensadora de desigualdades y como instrumento valioso, y seguramente imprescindible, para generar sociedades cohesionadas.»
La plataforma cree que la ley es «burocratizadora y mercantilista y se preocupa más del alumnado como potencial trabajador que como persona, marcando itinerarios para segregados por nivel socioeconómico. Es contraria a la equidad y la igualdad de oportunidades».
Para el colectivo, la LOMCE «cuenta, asimismo, con la inestimable ayuda de determinados jueces, que actúan como un parlamento por encima de los parlamentos, o como un gobierno por encima de los gobiernos».
Por ello, la plataforma urge que se derogue esta ley y que se trabaje por una «que garantice la igualdad de oportunidades a todo el alumnado».
