El informe jurídico del asesor de Ecociudad ya obra en poder de la Fiscalía. El gerente de la sociedad, Miguel Ángel Portero, trasladó ayer, sobre las 12.30 horas, al ministerio público el documento que atribuye cinco posible delitos al alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve. Cumplió así con el acuerdo mayoritario del consejo de administración de la sociedad, que contó con el apoyo de PP, PSOE, C’s y CHA y con el voto en contra de Zaragoza en Común (ZeC).
En los pasillos del ayuntamiento no se hablaba de otra cosa ayer. El alcalde también habló sobre la decisión del consejo de poner en conocimiento del fiscal el informe, como había instado previamente a los grupos municipales, a quienes les pidió que lo hicieran «cuanto antes». Reiteró sus declaraciones iniciales en las que calificaba de «calumnioso» el documento del letrado asesor y le restaba validez.
El regidor apeló a su «ética profesional» para justificar su posición respecto a la situación. «Llevo más de 35 años en el mundo del Derecho y más de 30 de ejercicio profesional y cualquiera que me conozca no creo que cuestione mi ética profesional», aseguró.
Para el alcalde, el problema que sobrevuela sobre el caso Ecociudad tiene que ver con «las formas» y no el «fondo y el contenido» ya que no hay un debate profundo sobre las políticas de agua pública y los procesos de privatización, señaló.
El alcalde aseguró que «le preocupa» que las conversaciones no se centre en el derecho de la ciudadanía a conocer lo que ha ocurrido en anteriores gobiernos (en referencia a la legislatura de Juan Alberto Belloch) con Ecociudad o el Instituto Aragonés de Agua, apuntó. Santisteve acudió a la Fiscalía en mayo del 2016 para denunciar unas supuestas irregularidades producidas en la planta de depuración de La Almozara, aunque se decretó el sobreseimiento libre y se archivó la causa al no aprecia delito en los hechos denunciar.
Tras este hecho, el PSOE solicitó una comisión de investigación, en la que se dictaminó que no se habían producido tales irregularidades y que el alcalde había actuado «de mala fe», un informe jurídico le atribuye los delitos de de prevaricación, acusación y denuncia falsa, ocultación de documentos públicos, acoso laboral a Portero y falsedad documental.
