El consejero de Hacienda de la DGA, Fernando Gimeno, explicó ayer en las Cortes de Aragón, a petición de Podemos, su postura ante la posible armonización a nivel estatal del gravamen vinculado a los combustibles. Y aseguró que, en términos reales, van a cobrar más por este ingreso, algo que cifró entre veintitrés y veinticinco millones. «Creo que se van a mantener las bonificaciones por transporte profesional, gasóleo agrícola y para calefacción», aseguró.
Gimeno vinculó la cifra de previsión a que en el 2017 se llegó a veintitrés millones y que, como explicó, este impuesto afecta al volumen de consumo y que, por ello, y previendo un crecimiento de la economía aragonesa sobre un 3,6% se podría llegar a los veinticinco millones.
En este sentido afirmó que cree que el Estado va a utilizar el impuesto «para unificar las comunidades por la vía alta», ya que, como detalló, «si una comunidad autónoma quitaba parte de un impuesto lo tenía que poner el Gobierno».
«Se ha dicho que se va a pagar más a los pensionistas, pero a través de un impuesto que no existe», lamentó el socialista que, además, se preguntó por «cómo cuadra esto en un presupuesto que todavía no sabemos si se aprueba».
Desde Podemos, el diputado Héctor Vicente defendió que la posible reforma, «en términos prácticos, supone la subida forzosa del impuesto en veinticuatro euros por cada mil litros». Por eso consideró que es indirecto y que se abona de forma general independientemente de la renta de las familias. «Aquí no tenemos que discutir qué es clase media», expuso el portavoz en alusión a la polémica por la reforma de Sucesiones.
Los partidos del centro derecha criticaron el interés de Podemos por este impuesto al considerar que en el momento de su implantación no mostraron dudas sobre la conveniencia de ponerlo en práctica.
