El Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro ha terminado derivando en una notable división en Aragón. En su primera aprobación, allá por el 2013, apenas suscitó polémicas. Pero ahora, tras su actualización técnica, se ha abierto la caja de los truenos. El Gobierno aragonés defendió ayer el proyecto porque, dijeron, "respeta los derechos de Aragón" y establece un régimen de caudales ecológicos adecuado, equilibrado y respetuoso con el desarrollo de la comunidad.

Pero los partidos políticos están más divididos que nunca en asuntos de agua. PSOE, PP y PAR coinciden en el apoyo al plan por su respeto a la reserva hídrica. Pero han surgido nuevos actores, como Podemos, que se muestran en contra. CHA mantiene su postura de oposición --en el 2013 ya votó en contra--. IU se suma a los detractores de un proyecto, dicen, que abre las puertas a la privatización del agua y soslaya las directivas europeas.

LA RESERVA

La directora del Instituto Aragonés del Agua (IAA), Inés Torralba, insistió en que esta previsión de planificación de la cuenca entre el 2016 y el 2021 incluye la reserva hídrica de 6.550 hectómetros cúbicos que reconoce el Estatuto. Recordó que en los caudales previstos para Tortosa no están incluidas las aguas procedentes de los canales de regadío de las márgenes derecha e izquierda de la desembocadura, ni tampoco las crecidas puntuales para renaturalizar el régimen de caudales, y que contribuyen a que no entre la cuña de agua salina del mar.

Torralba agregó que el embalse de Mequinenza, con sus "importantes" afecciones socioeconómicas en Aragón, es una pieza "básica y fundamental" para garantizar los caudales del delta, que son el doble que los que había antes de la obra de regulación. "Los caudales ecológicos del Ebro son los mayores de todos los ríos españoles, y de hecho, la suma del resto ni siquiera llega a los marcados para el Ebro", apuntó Torralba. Añadió que la "principal objeción" que se puso al plan desde Aragón es la previsión "insuficiente" de la cantidad destinada a la descontaminación del Gállego para los próximos años, de 11 millones.

Claro que el Gobierno, y el PSOE, se quedan solos en la izquierda en la defensa del plan. Los partidos con los que el Ejecutivo acaba de aprobar el presupuesto del 2016 se oponen a la planificación aprobada por el PP. El portavoz de Podemos, Ignacio Escartín, dijo ayer que "no sirven los pactos del pasado". Una forma de finiquitar al Pacto del Agua, que hasta ahora había unido a todos los partidos en la comunidad. Es necesario apostar por una nueva cultura del agua como alternativa, dijo.

CHA mantiene, en coherencia, su postura, defendida y no siempre entendida en Aragón. Su portavoz en las Cortes, Gregorio Briz, volvió a insistir en que el plan abre la puerta a la privatización del agua y "apuesta por las grandes obras hidráulicas", como Biscarrués, con las que la formación nacionalista siempre ha estado en contra. Y a esta postura ahora se suma IU. Su diputada, Patricia Luquin, apostó ayer por abrir un debate profundo en la gestión del agua; evitar las "guerras" entre territorios, y atajar cualquier intento de privatización de un bien como este.

Y en medio de estas divergencias en la izquierda, el PP intentó hurgar en la herida. Le recordó al PSOE que sus socios, CHA y Podemos, se manifestaron en Amposta defendiendo las posturas de Cataluña. María Herrero (PAR) subrayó la necesidad de defender la reserva hídrica y de mantener el consenso. Ciudadanos abogó por un debate de "razones" y no de "pasiones". Su líder, Albert Rivera, partidario del trasvase, pidió una plan hidrológico hecho por técnicos, y no por políticos y lamentó el electoralismo.