Cuando la ministra reconocía la pasada semana a EL PERIÓDICO que habría trasvases si se alcanzaba un consenso, dejaba claro que esta opción está encima de la mesa. Así se lo han reclamado además numerosos colectivos con los que se ha entrevistado en los últimos meses dentro de la ronda de contactos para negociar el Plan Nacional del Agua. Las declaraciones de la ministra, explícitas en cuanto a que es la primera vez en la legislatura que se aborda tan tajantemente una cuestión tan polémica, vienen corroboradas por una respuesta parlamentaria efectuada a la senadora del PAR, Rosa Santos, en la que no dejan lugar a dudas.
Preguntado el ministerio por sus opciones para solucionar los déficits hídricos, este señala: «Se considera que la ejecución de nuevas infraestructuras, las interconexiones dentro de la misma cuenca y el aporte de recursos de otras cuencas, puede ser una necesidad si se quieren mantener las demandas de agua y las estructuras socio-económicas de algunos territorios». Eso sí, a continuación matiza que estos trasvases entre cuencas (no especifica si se refiere al existente entre el Tajo y el Segura, pero sí abre la puerta a otras conexiones) deben formar parte «de una gestión integrada de todos los recursos hídricos que posibilite un uso sostenible del agua y que contribuya a alcanzar los objetivos medioambientales en las masas».
Desalación y reutilización
El ministerio, en la misma respuesta, contempla todas las opciones con tal de reestructurar el maltrecho mapa hídrico del país. Además de no descartar los trasvases, contempla también las opciones que precisamente sustituyeron la faraónica obra tras la derogación de esta parte del Plan Hidrológico Nacional proyectado en el 2001 y derogado en el 2004 por el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Entre estas medidas se incluye «el uso de recursos no convencionales, como la reutilización y la desalación, para dar respuesta a las demandas de agua», así como por medidas de ahorro como la optimización y la modernización de regadíos. Todas ellas se prevén para atender «las demandas en las cuencas más deficitarias del país». Este es uno de los objetivos, pero no el único, ya que en la respuesta a la senadora aragonesista también se le especifica que las actuaciones deben garantizar «el cumplimiento de los objetivos ambientales, el de los compromisos políticos y jurídicos asumidos con la UE y la necesaria estabilidad económico-financiera para el sistema español del agua».
CONSENSO
De este modo, el ministerio deja abierta cualquier opción, incluidas las transferencias entre cuencas. E insiste en que las decisiones se tomarán consensuadas «con todas las Administraciones, con todos los grupos políticos y con todos los usuarios del agua». La intención del Ejecutivo es que las medidas acordadas se integren en los planes hidrológicos de cuenca, aunque no descarta -otra opción más que deja abierta la puerta a un trasvase-- que se pudiera «requerir algunas modificaciones a nivel (sic) de ley». De hecho, está abierta a la revisión del Plan Hidrológico Nacional del 2001. «Por ello, es importante alcanzar un pacto, porque todos los acuerdos se pueden ver reflejados en uno o en ambos instrumentos, en un marco de diálogo que se abre, para una mejor gestión del agua a través de la planificación», indica.
«El futuro pacto se centrará en cuatro ejes fundamentales y uno de ellos es la atención de los déficits hídricos. La gestión integrada de los recursos, convencionales y no convencionales, y su uso eficiente y sostenible debe ser la pieza fundamental para la resolución de los problemas de déficit hídrico estructural que se produce en algunos territorios de España», señala. Y continúa: «La solución a estos problemas debería abordarse con una visión amplia, a escala nacional, donde se llegue a un entendimiento común de lo que significan estos déficits hídricos».
