El Gobierno de Pedro Sánchez quiere que los ayuntamientos tengan más competencias y medios para luchar contra la lacra de la violencia machista. Para ello, ha anunciado que hará un «esfuerzo presupuestario» para dotar de mayor financiación a las administraciones locales y convertirlos en lugares que amparen «rápidamente» a las mujeres víctimas de maltrato. Una medida destacada dentro de lo que sería transferirles todas las responsabilidades en materia de Igualdad, medida por la que aboga y que, tanto la DGA como el Ayuntamiento de Zaragoza ayer aplaudían.
Así lo anunció ayer la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, durante su intervención en la comisión del Congreso de los Diputados en la que reconoció que los 20 millones de euros dedicados a los ayuntamientos para luchar contra la violencia machista «son escasos».
En este sentido se manifestó el Gobierno de Aragón, que se limitó a decir que «si esta medida supone incrementar el dinero para luchar contra la violencia machista estaremos de acuerdo».
Desde el Ayuntamiento de Zaragoza, la concejala de Igualdad, Aratnza Gracia, también celebró la idea. «Estamos encantados con que el Gobierno central dé este paso», aseguró. Gracia explicó que, gracias a la Ley de Capitalidad, el consistorio zaragozano ya ejerce tareas que otros ayuntamientos no.
Solo lanzó un mensaje: para poder hacerlo, el consistorio necesitaría de más personal y, por lo tanto, el Estado tendría que levantar las limitación de contratación pública a las que se enfrentan hoy en día las administraciones locales.
La vicepresidenta informó que el Estado que va a «hacer un esfuerzo presupuestario mayor del que existe» y que estaba contemplado en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, decisión que el Gobierno toma «con la total buena voluntad política y personal» y en coordinación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos y que se materializará en la conferencia sectorial prevista para este mes de julio.
OBJETIVO / El objetivo del Ejecutivo es la «devolución de las competencias» a los consistorios y que estos sean el «lugar de amparo cercano» de muchas mujeres que «no saben dónde acudir», para lo cual considera necesario centrar en estas instituciones las políticas de auxilio, con políticas sociales «fortalecidas» y dotadas de recursos económicos para tomar las «primeras decisiones».
Calvo insistió en la necesidad de trabajar en la prevención y ha reconoció que, cuando una mujer ha denunciado y es asesinada, es que «han fallado las medidas de protección», pero subrayó que las mujeres que no denuncian son más difíciles de proteger, por lo que éstas «deben dar un paso al frente» y denunciar.
El Gobierno de Sánchez también está estudiando traspasar la competencias sobre los servicios de dependencia a los ayuntamientos, ahora en manos de las comunidades autónomas. Aunque esta decisión está impulsada desde el Ministerio de Hacienda y tiene más que ver con las cuentas, más saneadas, de los ayuntamientos en España. En este caso, Zaragoza no ve «lógica la fragmentación en los municipios de un sistema ya de por si fragmentado y con fuertes desigualdades entre las diferentes comunidades autónomas».
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