El interventor municipal y el secretario general del Ayuntamiento de Zaragoza confirmaron ayer los presagios del PP, PSOE y Ciudadanos (C’s) al concluir, en el enésimo informe sobre el servicio de atención telefónica 010, que este expediente «se encuentra actualmente en una situación claramente irregular desde el punto de vista administrativo». Y que para normalizar su situación el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) debería tramitar la renuncia, motivando el «interés público», a la licitación del nuevo contrato, paralizado en el 2015 cuando había cinco ofertas, o adjudicarlo ya abriendo las plicas.
Una lectura que los tres partidos destacaron al unísono, reclamando actuar a ZeC y al responsable de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, que se despachó este revés asegurando que estos funcionarios no son los competentes para dirimir el asunto; que sí lo es la asesoría jurídica, que ya está trabajando en ello, después de que la jueza decidiera suspender cautelarmente la municipalización del 010, ejecutada unilateralmente y subrogando al personal de Pyrenalia, empresa que sigue prestando el servicio.
Sara Fernández (C’s), Marta Aparicio (PSOE) y Jorge Azcón (PP) acusaron a Cubero de provocar la actual precariedad y la «inseguridad jurídica» de las trabajadoras, por actuar «al margen de la legalidad». Y el edil de ZeC contraatacó culpándoles de «colaborar con la CEOE», que fue quien acudió a los tribunales.
