El juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Zaragoza ha estimado la medida cautelar solicitada por Apudepa para paralizar el derribo de Averly en la parte no protegida, aunque le impone para hacer efectiva la medida una caución previa de un millón de euros antes del 29 de septiembre.
En un auto dictado hoy, el juez suspende la licencia de derribo de cuatro naves industriales y cobertizos no catalogados ni protegidos de Averly concedida a Neurbe Promociones por acuerdo del Consejo de Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento el pasado 22 de junio, aunque la empresa podrá continuar con las tareas de demolición hasta que no se haga efectiva la caución previa del millón de euros.
El auto sigue los criterios que ya fijó hace dos años la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en otro procedimiento instado por Apudepa sobre un acto administrativo del Gobierno de Aragón, si bien dicha caución finalmente no fue ingresada, por lo que aquella medida no llegó a surtir efecto, han recordado fuentes del TSJA.
Este mismo juzgado no estimó, en un auto dictado el pasado 22 de julio, adoptar la medida cautelarísima solicitada también por Apudepa para paralizar el derribo de los edificios no catalogados ni protegidos de Averly iniciados el día anterior, 21 de julio, al no apreciar las "circunstancias de especial urgencia" que marca la ley.
El magistrado en su auto denegó las circunstancias alegadas pero no la petición solicitada, por lo que convocó a las partes a una comparecencia para analizar la solicitud de medidas cautelares realizada por Apudepa que tuvo lugar ayer miércoles, 27 de julio.
Mientras Apudepa instaba a la paralización del derribo sin ningún tipo de caución, Neurbe se oponía a la medida cautelar, aunque de forma subsidiaria instaba la fijación de la caución.
El magistrado señala en el auto emitido hoy que la no adopción de medidas cautelares, por el tiempo que habrá de transcurrir hasta que se dicte sentencia, producirá una situación irreversible por la demolición de los edificios, lo que justifica la estimación de la medida cautelar solicitada por Neurbe.
Además señala que el ordenamiento jurídico no impone al titular de la licencia de demolición soportar los perjuicios derivados de la paralización del derribo.
