El Justicia de Aragón ha vuelto a solicitar al Ayuntamiento de Muel que evite la adopción de medidas "que impidan o vulneren el respeto debido al ejercicio de las funciones reservadas por ley" a la secretaria del consistorio. Como ya hiciera el pasado año, la institución vuelve a posicionarse de lado de la secretaria, en su conflicto con el alcalde del municipio, Luis Gil.

En aquella ocasión, la trabajadora denunció que el alcalde la expedientó por ausentarse de sesiones plenarias sobre temas que le afectaban directamente, en una de las desavenencias entre ambos que se remontan a la llegada de Gil al ayuntamiento, en el 2007.

Esta vez, el informe del Justicia se refiere a una queja recibida en octubre del 2010 acerca de la contratación, por parte del ayuntamiento, de personal externo para la realización de funciones "que deben estar reservadas a funcionarios habilitados".

Concretamente, el escrito hace referencia a la solicitud a la secretaría del consistorio de diez días, por parte de Alcaldía, para la corrección de un expediente de liquidación del presupuesto municipal del 2008 al considerar que no reflejaba adecuadamente la gestión llevada a cabo por la corporación, principalmente en materia de ingresos. Este informe habría sido presentado por la secretaria y revisado por un asesor externo, al que, según el Justicia "se habría atribuido funciones reservadas a personal perteneciente al cuerpo de funcuionarios habilitados de carácter estatal". Además, la institución advierte de que "se presumía que las contrataciones efectuadas a otros asesores podrían adolecer de deficiencias".