El exsecretario municipal de Sos del Rey Católico, Julio Santiago C. E., se sentó ayer en el banquillo de la Audiencia Provincial de Zaragoza por un presunto delito de falsedad documental en la tramitación de una subvención destinada a la construcción de la residencia de ancianos municipal, con un valor de 1.700.000 euros. La causa la sostiene únicamente la acción popular ejercida por la Asociación de Amigos y Vecinos de Sos, porque la Fiscalía no ve delito. Aún así, esta asociación pide para el exsecretario hasta tres años de prisión por la falsedad y diez años de inhabilitación por prevaricación.
El secretario justificó que la subvención fue una única ayuda, cuyo importe inicial de 1.100.000 euros, a cargo de la DGA, tuvo que ser completado con otros 600.000 dada la interrupción de las obras, tras resolverse el contrato con la constructora, Codesport. Estos segundos 600.000 fueron también provistos por la DGA pero a través de un fondo comarcal, con pleno conocimiento del Gobierno aragonés.
Por ello, entre otras razones, tanto el ministerio público como su abogado, el penalista Enrique Trebolle, consideran que no hay delito alguno, por más que la acción popular sostenga que duplicó las certificaciones de obra para optar a dos ayudas por el mismo concepto.
