La Audiencia de Zaragoza confirmó ayer en todos sus extremos la sentencia de primera instancia que en marzo pasado condenó a las compañías UM Air, Chapman Freeborn y Bussin Joint a indemnizar con 6,1 millones de euros a los 59 familiares de los militares españoles que fallecieron en el accidente aéreo del Yak-42, en mayo del 2003, en la ciudad turca de Trabzon. La resolución, que desestima totalmente el recurso de la propietaria del avión, la contratista y la aseguradora, les condena a abonar las costas del proceso judicial, que pueden rondar los 250.000 euros, según Javier Hernández, representante legal de varios demandantes.

Sin embargo, este no será previsiblemente el último episodio del caso Yak, dado que los recurrentes disponen de un plazo de cinco días para anunciar si recurren en casación ante el Tribunal Supremo, según indicó ayer el abogado catalán Eudald Vendrell, que representó a varios familiares de los fallecidos.

El mismo fallo, a su vez, estima parcialmente el recurso presentado por la familia de una de las 62 víctimas mortales de la tragedia aérea. En este sentido, la Sección IV de la Audiencia de Zaragoza establece que la madre del fallecido y sus dos hijos deberán percibir una indemnización superior a la fijada en primera instancia, hasta sumar un total de 142.667 euros.

La sentencia de la jueza María Teresa Real estableció que el accidente, ocurrido en mayo del 2003, se debió a un fallo humano de la tripulación, que cometió una serie de maniobras de aterrizaje "gravemente negligentes".

ENRIQUECIMIENTO En sus fundamentos, la nueva resolución certifica que el vuelo no era militar, como pretendían los abogados de las empresas demandadas, y subraya que la "falta de billetaje no fundaría una responsabilidad ilimitada del transportista".

Asimismo, la Sección IV ratifica el fallo de primera instancia en cuanto a la causa del siniestro. Así, recoge que "resulta con meridiana claridad que la tripulación incurrió en graves errores en el pilotaje", habida cuenta de que realizó una primera tentativa de aterrizaje que resultó fallida. A partir de ese momento, el avión buscó presumiblemente la forma de encarar de nuevo la cabecera de pista y "terminaría confundiendo el rumbo".

De hecho, según la sentencia de primera instancia, la tripulación creyó que el avión estaba sobrevolando el mar cuando en realidad se dirigía hacia una zona montañosa contra la que acabó estrellándose. Finalmente, la Sección IV rechaza el argumento de las demandadas según el cual la reclamación de un resarcimiento económico por parte de los perjudicados podía generar un "enriquecimiento injusto".