—¿Cuál es el estado de ánimo actual de los padres de alumnos de la enseñanza concertada?

—Estamos muy preocupados e indignados. Esas dos palabras son las que mejor definen nuestro estado de ánimo. De verdad, no esperábamos todo esto. Jamás nos lo hubiéramos imaginado.

—¿Les ha sorprendido la petición de que no se renueven conciertos formulada desde varios sectores de la escuela pública o la derivación política?

—Mire, desde finales del año pasado ya empezamos a ser conscientes de que este año tocaba renovar conciertos. Sabíamos que, como cada cuatro años, iban a llegar posturas y comentarios, pero lo que ha sido nuevo ha sido la circunstancia política actual. Existe un acoso importante por parte de un sector radical de defensores de la escuela pública y algún sindicato, apoyado por Podemos, que ha realizado una campaña de presión fuerte para que no se renueven conciertos. Recuerdo que, en diciembre, Podemos llevó a las Cortes una proposición sobre esto y fuimos una veintena de padres a mostrar nuestra preocupación. Fue un primer toque de atención porque ya entonces vimos que la situación iba a ser problemática. Como ahora, ya dijimos que había que estimar la demanda social y una serie de criterios legales, pero todo eso ha desembocado en una situación política a partir de que, el 6 de marzo, se informara sobre el acuerdo entre PSOE y Podemos para aprobar los presupuestos y que incluía el cierre de hasta 28 aulas concertadas.

—¿Es un pacto contra la escuela concertada entonces?

—La escuela concertada está sufriendo un acoso y derribo. Estamos hablando de la segunda y tercera fuerzas políticas de las Cortes. Y lo que pretenden es ilegal.

—¿Por qué?

—Esa gente no ha asimilado lo que es el espíritu constitucional. Hay que leer la Constitución y entender que la libertad de enseñanza es un principio básico. La concertada existe porque en España se respeta la libertad de elección.

—Pero surgió para responder a la demanda donde no llegara la pública, y ese espíritu es al que se apela desde diversos sectores para pedir la no renovación de conciertos

—La existencia de la concertada no responde a un momento determinado, sino que se trata de un derecho fundamental que se recoge en el Tribunal de Derechos Humanos y otros tratados internacionales. No hablamos de algo aislado, sino de libertad de enseñanza y del derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos. Si no respetamos esto, estamos ante un modelo social oprimente. Se están haciendo trampas.

—¿A qué se refiere?

—Es de tal gravedad lo que se está debatiendo de fondo que nos indigna. Me refiero a que, como vienen momentos difíciles de menos natalidad, vamos a quitar aulas concertadas. Eso es hacer trampas. Porque lo que hay que hacer es elaborar una oferta de calidad y con eso ganaremos todos. Hay quien quiere ir hacia la extinción de los conciertos pero, si quieren hacer eso, es necesario modificar las leyes educativas y la Constitución.

—Osea, que creen que van a por ustedes...

—La previsión de población en el 2030 es de un 30% menos que la actual. Vamos hacia un modelo social más enevejecido y, cuando siempre estás diciendo que la pública es lo primero y que donde hay escuela pública no se necesita la concertada, se está diciendo que la concertada sufrirá una reducción a medio plazo para llevarla a la extinción.

—Lambán y Echenique mandaron un mensaje de tranquilidad a los padres. ¿Tienen miedo?

—¿Miedo? Lo que hay es un sentimiento de indignación y de que se está haciendo injusticia. Esto es muy serio porque se nos intenta decir que tranquilicemos a los ya matriculados, pero los nuevos padres no van a poder elegir. Hay centros a los que se pretende quitar la única vía que tienen, con lo que muchos padres con hijos pequeños no podrán escolarizarlos donde han ido sus hermanos. Más que miedo, es una sensación de injusticia y de preocupación. Se trata de que se pretende cerrar nueve aulas, todas ellas prácticamente llenas, lo que afectará a unas 220 familias.

—Piden que se espere a comprobar las solicitudes de cada centro y después obrar en consecuencia, pero la DGA pretende actuar antes...

—Y también que se admitan todos los conciertos solicitados y autorizar a los pocos que han pedido nuevas aulas. Luego, en abril, vendrá el proceso de elección de centros y, en función de eso, se debería ajustar. Es decir, lo mismo que se ha hecho siempre.

—¿Cree que esta polémica aumentará la brecha entre pública y concertada?

—El debate se ha radicalizado y se ha convertido en una discusión entre pública y concertada y eso no había pasado nunca. Por eso creo que Educación debería entrar en juego y que PSOE y Podemos pidan perdón a la comunidad educativa por el acuerdo.

—¿Se van a desmarcar del pacto educativo?

—Se han asumido criterios de los que no firmaron el pacto y que dinamitan su espíritu. El pacto que firmamos nos parece aceptable, pero la Administración ha tomado actitudes contrarias. Los que han renunciado a él han sido PSOE y Podemos, no nosotros.

—¿Cree que hay tiempo y posibilidades de una vuelta atrás?

SEmDEsperamos que pidan perdón. Aún no se ha reunido la comisión de conciertos para hacer una propuesta definitiva. Estamos a tiempo de reconducir la situación y confiamos en que impere el sentido común.

—¿Tienen decidido acudir a los tribunales?

SEmDObraremos en defensa de nuestra postura y de la legalidad. Llevaremos nuestra indignación a donde corresponda. Ya hemos recogido cerca de 30.000 firmas y estamos unidos.