El Gobierno de Aragón ha dado de alta a 2.000 nuevos dependientes, que podrán acogerse a las ayudas. Estas son las primeras autorizaciones que habilita el Ejecutivo de Luisa Fernanda Rudi desde su llegada al Pignatelli. En estos momentos en la comunidad se benefician de estas subvenciones 23.843 personas.
La directora general de Bienestar Social y Dependencia del Ejecutivo, Cristina Gavín compareció ayer en las Cortes para detallar las líneas estratégicas de su área. Detalló que desde que llegaron al Gobierno y hasta esta semana han dado de baja a 5.632 personas del sistema, que corresponden a fallecimientos que registrados entre el 2007 y el 2011, y que no habían sido introducidos en el sistema. Lo que explica el paso de 27.475 beneficiarios de la dependencia que había en mayo a los 21.843 actuales --a los que hay que sumar los 2.000 nuevos--.
RESIDENCIAS Gavín se refirió también a los procesos abiertos contra siete residencias de ancianos en las que se han detectado graves deficiencias. Dos de ellas, con procedimiento sancionador abierto por infracción, no han presentado alegaciones en la primera fase de tramitación del expediente, mientras que las otras cinco están todavía dentro del periodo de 15 días para alegar, según informó el Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón. La directora general precisó que la sanción incluye "el cierre definitivo del centro".
Además, el Departamento está finalizando la inspección de un total de 25 residencias que tenían expedientes abiertos, diez de ellas por problemas administrativos y 15 por el trato dado a los residentes. Estas últimas 15 incluyen las siete que ya poseen un procedimiento sancionador abierto.
Junto al cierre de la residencia, la sanción en estos casos incluye una multa de 30.000 euros y la inhabilitación para ejercer en el ámbito de los servicios sociales de Aragón. La directora general anunció que este mes de marzo se va a aprobar un plan de inspección de los centros y servicios sociales de Aragón y se ha creado "una unidad para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia de inspección", que va a ponerse ya en marcha.
