La magistrada del Juzgado de Instrucción número 10 de Zaragoza ha decretado el sobreseimiento de las diligencias en las que estaba investigando si el portavoz de la plataforma Stop Desahucios en Zaragoza, Pablo Híjar, pudo cometer un delito de coacciones al, presuntamente, haber convocado los escraches que varias decenas de personas realizaron el pasado 9 de abril ante el domicilio del portavoz del PP en el ayuntamiento de la capital aragonesa y diputado estatal Eloy Suárez y ante la sede del PP aragonés.
Esta es la segunda ocasión en la que los jueces zaragozanos desestiman la existencia de delitos en los escraches. Hace unos meses, el titular del Juzgado de Instrucción número 9 dictaminó, en una decisión que después refrendó la Sección Sexta de la Audiencia Provincial, que la tupperprotesta convocada por Marea Verde en enero frente a la vivienda de la consejera de Educación, Dolores Serrat, debía ser enjuiciada como una falta y no como un caso de coacciones. Cinco personas se sentarán el próximo 25 de noviembre en el banquillo de los acusados para ser juzgados como este asunto.
Ahora, la magistrada del Juzgado número 10 ha concluído que en las protestas del 9 de abril no se produjo ninguna infracción penal.
SANCIONES
Por su parte, la Delegación del Gobierno en Aragón ha retomado, tras el archivo de la causa penal, el expediente en el que propone imponer a Híjar una multa como supuesto convocante de las concentraciones, que carecían de autorización administrativa.
Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía identificaron el 9 de abril a 51 personas que estaban participando en las concentraciones frente al domicilio de Suárez y la sede del PP. Inicialmente, la Delegación del Gobierno tramitó otros tantos expedientes en los que propuso imponer a 50 de ellos sanciones de 200 euros y a Híjar, una multa de 1.500.
Todos los expedientados, salvo el portavoz, han recibido una comunicación en la que la Delegación del Gobierno les comunica el archivo de los expedientes. La que le ha llegado a Híjar le indica que el suyo sigue adelante, con la misma propuesta de sanción, y que dispone de quince días para presentar alegaciones.
Stop Desahucios calificó ayer de "victoria parcial" el archivo de los expedientes sancionadores contra el grueso de los denunciados.
