Los sindicatos van a estudiar los próximos días qué decisiones jurídicas pueden adoptar ante las nuevas medidas que plantea el Gobierno de Aragón para reducir derechos adquiridos por la función pública autonómica y que conocieron ayer en la mesa general de negociación de la administración. La indignación es patente tras ser informados --sin margen para la negociación-- de las iniciativas que el próximo martes serán aprobadas en el Consejo de Gobierno. Aunque ayer no anticiparon nada, estudiarán la constitucionalidad de las decisiones del Ejecutivo y ya vaticinan un otoño de protestas.

El Gobierno aprobará la reducción de liberados sindicales para ajustar el número de horas sindicales, así como la suspensión parcial de los acuerdos suscritos con los sindicatos. Pero hay más cuestiones que se aprobarán en el Consejo de Gobierno y que han levantado las iras de las organizaciones sindicales.

PLAN DE PENSIONES Entre ellas, la suspensión por parte de la administración de los siete millones que aporta al plan de pensiones (que proceden directamente del capítulo destinado al pago del personal y que se crearon para compensar la congelación salarial de los empleados públicos en años de bonanza económica) y la disminución en un 25% todas las ayudas en materia de Acción Social, salvo la relativa al sepelio. Los sindicatos que están en la mesa (CCOO, UGT, CSIF y Cemsatse) solicitaron sin éxito que se mantuvieran en aquellas familias que dependieran únicamente de un sueldo de funcionario igual o inferior a mil euros. La DGA pretende ahorrar, tal y como adelantó EL PERIÓDICO, dos millones de euros con la reducción de 40 liberados, que ahora volverán a sus puestos (lo que implicará que haya interinos para los que peligrará su empleo). Se negociará en las mesas sectoriales estos recortes.

CSIF emitió un comunicado al concluir la reunión en la que consideró la postura del Gobierno como una "nueva bajada encubierta del sueldo de los empleados públicos". Asimismo, denunció que, "mientras se sigue con la política de recortes en los servicios públicos", el Gobierno de Aragón "incumple sus obligaciones" en la recaudación de tasas, lo que merma los ingresos.

Otro de los portavoces de la mesa, Julio Moreno (CCOO) fue muy duro con "el chantaje" al que se ven sometidos por la DGA. "Están empobreciendo cada día más a los ciudadanos, que están pagando severamente una crisis que es responsabilidad de los financieros a los que se rescata. Y mientras, se hace un debate demagógico contra los funcionarios, que no son más que servidores públicos y otros paganos".