Marisol Aured niega que modificara el contrato de basuras y que facturara de más

Aured se enfrenta a una pena de entre dos y cuatro años de prisión por fraude y exacción ilegal o, alternativamente, a ello unido al delito de malversación de caudales públicos, y a 16 años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público por estos delitos más el de prevaricación.

Junto a ella está encausado el gerente de Seula, la empresa concesionaria del servicio, Luis Miguel Bolea, quien se enfrenta a una petición de penas por parte de la Fiscalía de entre ocho meses y dos años y medio de presión y nueve de inhabilitación por los mismos delitos.

Contra Aured, que fue alcaldesa entre 2011 y 2015, se han abierto ocho procedimientos judiciales, del que este es el único que sigue vivo -otros seis han sido archivados y de otro resultó absuelta- y fue suspendida por su partido, el PP, aunque permaneció en su cargo de portavoz municipal.

En su escrito de acusación, la Fiscalía constata que la alcaldesa y Seula llegaron a un acuerdo en 2012 que reduce la deuda del Consistorio de 1,1 millones a 735.000 euros y ese mismo año la acusada modifica el contrato "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido", ya que cree que exigía un acuerdo plenario, como apuntan los informes de la interventora municipal, y no acredita razones de interés público.

Todo ello se hace de forma "unilateral" por Aured, omitiendo la tramitación del oportuno expediente, sin tener en cuenta las exigencias que marca la legislación de contratos y con un "beneficio evidente" para la empresa del otro encausado, según el Ministerio Fiscal.

Los perjuicios económicos para el Ayuntamiento de La Muela, basándose en informes de la interventora municipal, ascenderían a 195.650 euros por exceder la cantidad máxima previamente convenida en el contrato.

En su declaración, la exalcaldesa ha defendido que "dadas las circunstancias" era más beneficioso para el Ayuntamiento aminorar la deuda que reclamaba la empresa por impagos en los ejercicios 2009, 2010 y 2011, y ha alegado razones de interés público y social ante la "guerra" de facturas y de deudas que heredó de la anterior regidora, María Victoria Pinilla, actualmente en prisión por la Operación Molinos, de la que Aured fue testigo protegido.

No obstante, sí que ha dicho conocer que en diciembre de 2012 se inició una revisión de oficio del contrato, remitido al Consejo Consultivo, así como un informe del Justicia que también declara que no se cumplieron los procedimientos.

Del mismo modo, ha señalado que en la legislatura previa no se habían actualizado los precios del servicio, algo que el contrato sí que exigía.

Por su parte, el gerente de Seula ha recordado que la cantidad reclamada ascendió a más del millón de euros porque incluyó en ella varios contenedores industriales, un punto limpio y el incremento en el kilometraje tras el cierre del vertedero de Épila, que obligó a llevar los residuos a la localidad más lejana de Calatayud.

Aceptó, sin embargo, los 735.000 euros que le ofreció Aured porque la compañía llevaba tres años sin cobrar y estaba "a punto de cerrar", al mismo tiempo que ha coincidido con su compañera de banquillo en que no se modificó el contrato en 2012, sino que se hicieron "adaptaciones" del trabajo a los tiempos que corrían, con nuevas calles y barrios en la localidad y más días de recogida.

El secretario del Ayuntamiento de la Muela, Luis Ruiz, quien ha declarado como testigo, ha explicado que el Pleno municipal debatió sobre estas facturas, ya que algunos concejales consideraban que no se ajustaban a los trabajos, y que por ello le llegó a advertir verbalmente a la alcaldesa de la "gravedad" de los hechos.

En el resto de testificales, el exconcejal Héctor Carrera, encargado del servicio de recogida de basuras durante el mandato de Aured, ha indicado que no le cuadraban las facturas a su llegada al cargo, pero ha reiterado que el contrato estaba "muy confuso" y que lo que se hizo fue concretar algunos aspectos y no modificarlo.

Marta Ruiz, interventora entre 2009 y 2011, ha declarado que plasmó en informes que las facturas no se correspondían con la realidad efectiva de lo que se estaba prestando.

Por último, la actual interventora, Raquel Santa Catalina, ha afirmado que entiende que sí que se produjo una modificación del contrato y que, por tanto, esta debería haberse aprobado por el mismo órgano de contratación, en este caso el Pleno.

La actualización de 2012 aumentaba frecuencias, variaba el precio de la recogida selectiva o contemplaba la cesión de un vehículo, más allá de una revisión de precios que se debía haber hecho anualmente, por lo que ha concluido que es una modificación.