Antonio L. A. y su hija Gabriela L. L. comparecieron ayer en la Audiencia de Zaragoza acusados de estafar en el 2011 93.500 euros a cinco personas diferentes a las que, mediante anuncios colgados en internet, captaron para que fueran socios inversores en dos nuevos bares de tapas de la capital aragonesa que nunca llegaron a abrir sus puertas.

Los acusados, defendidos por las letradas Carmen Sánchez y Laura Vela, aseguraron que una serie de problemas técnicos y financieros impidieron la apertura de los establecimientos, situados en las calles de Juan José Lorente y Campoamor.

Sin embargo, sus denunciantes dieron una versión distinta. "Confiaba en ellos para trabajar", dijo Agustín P. G., uno de los perjudicados, que aportó al negocio 11.000 euros. "Pero me quedé sin trabajo y sin un solo euro, me engañaron", lamentó.

"Me enteré por un anuncio en internet", manifestó otra testigo que contribuyó con 25.000 euros. "No he recuperado nada de esa cantidad, y cuando la reclamé no me hicieron caso", dijo entre sollozos, tras explicar que en la fecha de los hechos estaba en paro y tuvo que pedir un préstamo para reunir esa suma. "Las obras del local de la calle de Lorente no podían avanzar porque siempre surgían problemas", argumentó.

El acusado Antonio L. A., que tiene antecedentes por otros delitos, trató de exculpar a su hija, de 22 años, aunque los denunciantes señalaron que era ella quien firmaba los documentos. "Buscábamos socios capitalistas", declaró el imputado, que aseguró que los negocios, encaminados a ser una especie de franquicia, no llegaron a buen puerto porque se dispararon los gastos. La fiscala pidió para ellos cinco años de cárcel.

OBRAS MUY CARAS "Se gastó bastante más dinero del que se puso en obras, reformas, proyectos, licencias, permisos y gestiones", dijo al tribunal de la Sección Tercera, y afirmó que ninguno de los supuestos afectados estaba en el paro.

Dos de los perjudicados ejercieron la acusación particular en la vista. Sus letrados, Antonio Puertas y Jesús Sánchez, pidieron penas de cárcel (cuatro años) y que se indemnizara a sus clientes en las sumas supuestamente estafadas.

Carmen Sánchez y Laura Vela solicitaron la absolución de ambos imputados. No obstante, la primera letrada interesó, de forma subsidiaria, que solo se condene a su cliente por una estafa, mientras que la segunda abogada pidió, para el caso en que no sea absuelta Gabriela L. L., que se la considere cómplice y se le imponga una pena de un año de prisión. Esta acusada manifestó que, fruto de la mala marcha de los negocios, ella misma se vio desahuciada de un local y todavía está devolviendo un préstamo solicitado entonces.