El grupo de CHA en el Ayuntamiento de Zaragoza ha presentado una moción para su debate en el pleno del día 3 de febrero para que el Gobierno de la ciudad solicite a las entidades financieras la anulación de las cláusulas suelo de los contratos hipotecarios que tienen suscritos en este término municipal.

Así lo ha informado en una rueda de prensa el portavoz de CHA, Carmelo Asensio, quien se hace eco de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que falla a favor de un ciudadano particular anulando las cláusulas abusivas de su hipoteca y a la que han seguido sentencias del Tribunal Supremo en los mismos términos.

Asensio ha criticado que estas cláusulas, que afectan a más de cuatro millones de españoles y a varios miles de aragoneses, son "una práctica extendida en el sector bancario y con la connivencia del poder político".

Ante la expectación que se ha generado con estas sentencias, el objetivo de la iniciativa de CHA, ha explicado su portavoz, es denunciar el hecho y que el Ayuntamiento de Zaragoza exija a las entidades bancarias ubicadas en la capital aragonesa la devolución de los importes cobrados de forma irregular.

Asensio también cree que el Ayuntamiento puede ser un instrumento "muy útil" para asesorar a estas personas y por eso propone que el Consistorio firme un acuerdo con el Colegio de Abogados para colaborar en la defensa jurídica de estas personas, en aras a la eliminación judicial de las cláusulas suelo de los préstamos hipotecarios y la devolución de las cantidades abonadas indebidamente por este concepto.

"El ayuntamiento puede tener un papel activo muy importante en el apoyo a todos los ciudadanos que han sido estafados por los bancos" ha dicho Asensio quien por ello también plantea que el pleno exija al Gobierno Central la modificación del Real Decreto sobre defensa de los consumidores.

CHA piensa que este Decreto está "lleno de trampas" como que es el usuario el que tiene que reclamar la devolución y negociarla y que es la entidad la que tiene la potestad de decidir si sus cláusulas se ajustan a las declaradas nulas, lo que, a su juicio, demuestra que "está hecho a la medida de los intereses de la banca cuando la sentencia ya advierte de la nulidad y retroactividad.

"Lo que se pide es que no nos tomen el pelo y que el Real Decreto sea efectivo" y que introduzca la consideración de las cláusulas como abusivas y la normativa necesaria para lograr la solución extrajudicial de los conflictos y agilizar la devolución del importe.

Se trata, según CHA, de una iniciativa respaldada por organizaciones de consumidores y de impositores de la banca y que esta formación va a defender en otras instituciones donde tenga presencia y en el Gobierno de Aragón a través de la dirección general de Consumo y Vivienda.