Ocho años después de que un incendio arrasara unas 4.000 hectáreas del campo de maniobras de San Gregorio y alrededores, Defensa sigue pagando, literalmente, las consecuencias. La última, los más de 90.000 euros que tendrá que abonar a la empresa gestora de un coto de caza arrasado en Torres de Berrellén, según acaba de ratificar el Tribunal Supremo.
En realidad, el Alto Tribunal ha desestimado gran parte de la reclamación que planteaba la empresa, Gascón Sanz, en su recurso. Inicialmente, tanto esta como un particular reclamaban una cuantiosa indemnización, entre otros conceptos por las inversiones previas que tuvieron que realizar (como gastos de publicidad, alquiler de vehículos, etc.) y por lucro cesante, que superaban ampliamente los 700.000 euros.
Defensa, inicialmente, no contestó a la reclamación, pero finalmente la denegó expresamente, concediendo únicamente unos 30.000 euros. La Audiencia Nacional los fijó sin embargo en más de 37.000 euros por el concepto «valor de caza» -los animales fallecidos o huidos del lugar como consecuencia del incendio- y otros 53.000 por «baja de cazadores», ya que estos, lógicamente, se desentendieron de un coto abrasado y sin piezas que cobrar.
A esto se sumó otra indemnización a un particular, de unos 9.000 euros, que también pedía bastante más por los un crédito que había tenido que pedir para salir del paso.
La Audiencia no reconoció la vinculación de este crédito con el incendio, ni tampoco el lucro cesante ni los gastos de inversión, el primero por ser hipotético (y poco acorde, entendió, con los balances de la empresa) y el segundo porque los tenían que haber hecho igual en los años previos (funcionaban desde el 2006), independientemente del incendio.
El Supremo, en una sentencia publicada hace escasos días, avala casi todos los razonamientos de la Audiencia Nacional, pero sí reconoce al menos los intereses que debe cobrar la empresa, desde el momento del incendio a su resolución. Un dinero que está por cuantificar pero que, teniendo en cuenta los ocho años transcurridos, será bastante, y superará en total los 90.000 euros de indemnización.
Con esta resolución se resuelve el expediente de responsabilidad patrimonial de Defensa, la última vía en estos procesos, una vez que se descartó la responsabilidad penal. Pero no es la primera indemnización derivada de este fuego, ni la más cuantiosa. Hace dos años, la Audiencia Nacional condenaba a la institución a indemnizar con 1,3 millones de euros al propietario de otra parcela de Torres de Berrellén, uno de los municipios más afectados por el incendio, aunque no el único.
A comienzos de este año, tras una pregunta parlamentaria de la diputada socialista zaragozana Susana Sumelzo, Defensa reconocía que desde el 2006 al 2016 se originaron 53 fuegos que han calcinado más de 7.600 hectáreas en la instalación. A raíz del de agosto del 2009, el peor, Defensa ha mejorado mucho su red de retenes, cortafuegos y puestos de vigilancia en las zonas de caída de proyectiles.
