Casi hubo unanimidad. Las Cortes de Aragón aprobaron ayer una proposición no de ley, presentada por Podemos, CHA e IU, en la que se insta al delegado del Gobierno a «no autorizar la convocatoria de ningún tipo de acto en el que se fomente, se difunda o se incite al odio, hostilidad, discriminación o violencia por motivos racistas, xenófobos, de identidad sexual, ideológicos, político y de religión». La iniciativa llegó al Parlamento a cuenta del juicio que hoy tendrá lugar contra ocho jóvenes detenidos cuando intentaban detener un concierto organizado por un grupo ultra en Zaragoza. El PP fue el único partido que no apoyó la propuesta.
La diputada Patricia Luquin defendió la necesidad de esta medida para «lanzar un mensaje claro en contra del fascismo» en un momento de auge de los movimientos de extrema derecha en muchos países de Europa. «En un Aragón democrático no tiene cabida la discriminación ni el odio», indicó.
«UNIÓN MALINTENCIONADA»
En un tenso debate el diputado popular Miguel Ángel Lafuente calificó de «perversas y vomitivas» las intervenciones de los grupos de izquierda al considerarlas una justificación «para darle palos al PP». Precisó que desde su formación están «en contra» de ese tipo de delitos pero pidió ampliar el foco de la crítica recordando escraches de legislaturas pasadas, la polémica por la cesión de un espacio municipal en Zaragoza para una «fiesta antirrepresiva» o algunas denuncias por ofensas a los sentimientos religiosos.
Además, Lafuente consideró «una asociación malintencionada» que la iniciativa mencione a la delegación del Gobierno al considerar que no puede actuar antes de que se produzcan los hecho porque eso sería «prevaricar».
El diputado socialista Darío Villagrasa consideró oportuna la propuesta al recordar con «vergüenza» que hace unas semanas en Zaragoza tuvo lugar un acto presidido por un portavoz estatal de Falange. «Tenemos que estar alerta porque en determinados momentos se instala la sensación de que todo vale», precisó.
