La Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón ordenó el pasado 22 de mayo "suspender cautelarmente, por plazo de dos meses, el derribo y cualquier clase de obra o actividad en curso de ejecución" dentro de las instalaciones de la antigua fundición Averly, en el paseo María Agustín de Zaragoza. Tras la visita realizada al interior de la naves de la factoría, también el mes pasado, la DGA ha decidido darse un plazo de 60 días, el máximo que permite la Ley 3/1999 del Patrimonio Cultural Aragonés, para adoptar una posición definitiva sobre si merece ser declarada Bien de Interés Cultural (BIC) u otra categoría de menor protección.

Abierto el debate en la calle, con una férrea defensa por la conservación del legado de Averly, en su conjunto, por colectivos como Apudepa, por Unesco Aragón o las más de 7.000 firmas que lleva la plataforma Salvemos Averly en las redes sociales, y con una tramitación administrativa en marcha para levantar 200 pisos en esos suelos por parte de la empresa que los compró en enero, la DGA ha optado por contemporizar.

ANTES DE 2014 Quizá por las consecuencias que la catalogación como BIC tendría. Pero en esta decisión de suspensión cautelar también cuentan los plazos, los que se marcaron Brial y Averly para desalojar las instalaciones. Tal y como anunció este diario, se firmó que se vaciaran todas las naves el próximo 31 de diciembre. Y la incoación de un expediente para declararlo como tal puede acarrear consecuencias económicas, por los derechos adquiridos por la constructora sobre esta propiedad.

Tras la decisión de Patrimonio, el teniente de alcalde de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Carlos Pérez Anadón, ordenó suspender la tramitación administrativa iniciada sobre Averly. Aunque la paralización, a efectos prácticos, solo se traduce en que no podrá pasar por la Gerencia el plan especial presentado por Brial para levantar 200 viviendas en estos terrenos, ni conceder licencia de derribo de las naves. Pero lo primero no lo ha hecho porque los técnicos municipales siguen estudiando la propuesta y lo segundo ni siquiera lo ha solicitado la constructora. En este caso, de forma consciente, ya que saben que si lo hubieran pedido antes de que se pronunciara Patrimonio, el consistorio habría estado obligado a concedérsela.

Sin embargo, se pospone una decisión política que llegará, dos meses más tarde, a partir del 22 de julio, cuando se cumplan los dos meses que la ley permite para deliberar su decisión.