El Plan de Saneamiento ha sido una oscura operación de privatización del agua en Aragón pilotada por el PAR, con la venia del PSOE, con Marcelino Iglesias, y del PP, durante la última legislatura. El sobredimensionamiento de instalaciones y el uso injustificable de tecnologías inadecuadas, sumamente caras e innecesarias, junto al reventón de la burbuja financiera, ha llevado al plan a una situación de quiebra que hoy hereda la actual DGA. Esta oscura operación de privatización del agua se basó en la cesión de las competencias de saneamiento por parte de los ayuntamientos a la DGA, y su posterior privatización por 25 años, con el pastel repartido por comarcas.

El hecho de que Zaragoza no cediera sus competencias y se resistiera a asumir los sobrecostes de este oscuro negocio, repartiéndolos entre sus vecinos (el Plan de Saneamiento de Aragón hoy supone un coste medio por metro cúbico diez veces superior al de Rioja o Navarra) ha llevado a colapsar el guion previsto. En este escenario, el Instituto Aragonés del Agua (IAA) impuso el cobro del ICA (Impuesto de Contaminación del Agua) a todos los pueblos que habían cedido sus competencias, incluidos los cientos de municipios en los que las empresas privadas incumplieron sus contratos y no construyeron las correspondientes depuradoras. Así, estos pueblos estafados, vienen pagando, por un lado el ICA al IAA (en una u otra proporción), y por otro lado el máximo canon de vertido a la CHE por no depurar sus retornos (aunque ya no sea su competencia).

Por otra parte, el IAA está cobrando a Huesca, Teruel y 35 cabeceras comarcales que disponen de depuradoras propias, pagadas por fondos europeos, entre el doble y seis veces lo que les costaría a los ayuntamientos gestionar ellos mismos sus depuradoras.

En este contexto, y dado que Zaragoza sigue siendo la clave para cubrir el agujero negro del déficit de este oscuro negocio, el actual Gobierno de Aragón intenta acelerar la aprobación de unos presupuestos en los que se incluye la consolidación del ICA y su cobro a los vecinos y vecinas de Zaragoza, sin realizar previamente la auditoría acordada en el Compromiso por una Gestión Pública y Participativa del Agua en Aragón, que firmaron solemnemente en las Cortes el 23 de septiembre, PSOE, Podemos, IU, CHA, Equo y ZeC, a instancias de la RAPA (Red Agua Pública de Aragón).

En este sentido, la DGA presiona al Ayuntamiento de Zaragoza para que acepte pagar en 2016 el 40% del ICA, dentro de un juego de chantajes económicos al consistorio encabezado por Pedro Santisteve, con la Ley de Capitalidad como telón de fondo.

En suma, el Gobierno de Aragón intenta eludir los compromisos explícitos que firmaron PSOE y CHA (que forman el actual Ejecutivo), junto a los demás partidos: auditoría del Plan de Saneamiento y del IAA, como cuestión previa y prioritaria, exención de pago del ICA a los municipios estafados que no tienen depuradora, moratoria en cualquier evolución del ICA de cara a Zaragoza y los municipios que gestionan sus depuradoras, hasta que se realice la auditoría.

La palabra la tenemos hoy los partidos, en la negociación de las Cortes; pero en enero, cuando entre el vigor el cobro del ICA que se acuerde, la palabra la tomará la gente.