La picaresca española, que tantos exponentes ha tenido desde El Lazarillo de Tormes hasta la corrupción urbanística actual, llega a los rincones más insospechados. Y el aparcamiento en Zaragoza no es una excepción. La Policía Local detecta periódicamente usos fraudulentos de tarjetas de minusválidos para beneficiarse de las ventajas que estos tienen para estacionar. Bien para no pagar en zona azul y naranja (durante un tiempo), bien para usar las plazas que tienen reservadas.

Fuentes del Ayuntamiento de Zaragoza confirmaron que, sin ser una avalancha de casos, sí tienen constancia de un "goteo constante" de casos. Las tarjetas las expiden en el ayuntamiento, previa acreditación de la minusvalía y por un periodo determinado de tiempo. Y tienen además validez europea, aunque las ventajas que otorgan en cada ciudad depende de los ayuntamientos.

La variedad de estos engaños es amplia. Lo más sencillo es contar con una tarjeta por algún familiar, que no además no tiene que ser conductor, ya que también es válida si va a contar con un chófer que le traslade. Pero claro, el problema es que se usa sistemáticamente, se esté llevando al familiar con movilidad reducida o no.

"La tarjeta es nominal, así que se puede comprobar, pero si es por llevar a un familiar es difícil de demostrar que no se está haciendo. Habría que esperar a que regresara el conductor, y tanto tiempo para investigar no tenemos", admitía un agente consultado.

Otras modalidades, sin embargo, son más sencillas. Por ejemplo, los que siguen usando las tarjetas, mientras dura su vigencia o caducadas, de familiares muertos. Ahí, explicaban fuentes del cuerpo, "lo que se hace es llamar al ayuntamiento, que las expide, y comprobar si el propietario sigue vivo. Si no es así, o se detecta otra irregularidad, se traslada el vehículo al depósito, la tarjeta al consistorio y se notifica al propietario del coche".

Delitos

Pero no todos los casos se saldan con una multa y una reprimenda. Porque otra variante son las falsificaciones, bien sea escaneando o fotocopiando una tarjeta y cambiando el nombre, o elaborándola. Y eso no solo es una triquiñuela, sino un (presunto) delito de falsedad documental. Así se traslada al juzgado, explicaban fuentes policiales. Otra cosa es que prospere.

Conviene recordar que estos pícaros de la minusvalía no solo perjudican al ayuntamiento, por lo que deja de cobrar del parquímetro, sino a los verdaderos destinatarios de esas plazas reservadas. Fuentes de la asociación Disminuidos Físicos de Aragón (DFA) explicaron que, aunque conocen el problema, la gente ya se ha acostumbrado a llamar "directamente a la Policía Local", por lo que no tienen datos de su incidencia.