La Plataforma para la Salud Universal ha denunciado que la salud universal en Aragón todavía es hoy una asignatura pendiente.

Esta denuncia la hace antes de que mañana se cumplan cinco años de la aprobación del Real Decreto 16/2012 por el que en Aragón se retiraron 30.000 tarjetas sanitarias, con drásticas consecuencias para las personas afectadas, informa en una nota de prensa.

Por ello ha solicitado a todos los partidos políticos con representación en las Cortes aragonesas que insten, mediante una proposición no de ley conjunta, al Gobierno de España para la derogación de este decreto, aprobado por vía de urgencia, y también se insta en los mismos términos a la Cortes Generales.

Además recuerda que desde el Gobierno de España se argumentó "por la situación de colapso del Sistema Nacional de Salud (SNS)", pero que en ningún caso estuvo acompañado por un informe económico que justificara su adopción.

Desde esta plataforma, integrada por más de 30 organizaciones sociales, sindicatos y partidos políticos, se recuerda que dicho decreto "supuso una transformación profunda de nuestro sistema sanitario".

Así, por un lado, se acortó la cartera básica de servicios, reduciendo la aportación pública sobre medicamentos, prestaciones y recursos sanitarios, con el consiguiente incremento del gasto para las familias.

Por otro lado, se modificó el derecho de acceso al SNS, supeditando el mismo a la condición de asegurado o beneficiario, excluyendo así, entre otros colectivos, a las personas extranjeras en situación irregular.

Califica además los efectos del decreto de "devastadores sobre la población más vulnerable" porque recuerda que "más de 800.000 personas quedaron fuera del sistema sanitario, de ellas alrededor de 30.000 en Aragón según el INE".

Además, la Plataforma Salud Universal subraya que, aunque no exclusivamente, la población extranjera residente en España fue la principal afectada, ya que supuso un cambio de raíz en su relación con el sistema sanitario: de considerarlo un espacio de integración y convivencia se transformó en un espacio de hostilidad y de exclusión, una circunstancia que "pervive en la actualidad".

Pese a los intentos del Gobierno de Aragón de revertir esta situación a través de la Instrucción de 7 de agosto de 2015 por la que se regula el acceso a la asistencia sanitaria en Aragón para las personas extranjeras sin recursos económicos suficientes ni cobertura de asistencia sanitaria del sistema nacional de salud, hoy persisten personas extranjeras en nuestra Comunidad sin asistencia sanitaria suficiente y normalizada, concluye la Plataforma.