Es frecuente que en las informaciones sobre condenas por crímenes o agresiones graves figuren las cuantiosas indemnizaciones que los tribunales imponen a los condenados. Pero es casi igual de habitual que estos sean insolventes, y la familia de la víctima, o ella misma, se vea doblemente perjudicada por no poder cobrar ese dinero fijado por los tribunales.

Puede parecer que en estos casos la víctima queda desamparada, pero existe una ley que trata de paliarlo, y que los magistrados han de comunicar a las víctimas, como sucedió recientemente en la sentencia sobre el crimen de Plaza -dos jóvenes fueron condenados por la paliza mortal a un camionero- de la Audiencia Provincial de Zaragoza. Es una norma bastante restrictiva, pero evita que los perjudicados queden totalmente a expensas de la situación económica del agresor.

La ley, recuerda el penalista José Cabrejas, se aplica exclusivamente a delitos violentos y sexuales, y dentro de los primeros solo a los casos de muerte y lesiones graves que provoquen incapacidad, permanente o de larga duración. En caso de fallecimiento, además, la compensación es, salvo casos excepcionales, solo para los familiares directos que dependiesen de la víctima, como el cónyuge (si no trabaja) o los hijos.

Pero las compensaciones máximas que ofrece, con más restricciones (por ejemplo, la incompatibilidad con algunas ayudas públicas y pensiones), son de 130 mensualidades del salario mínimo. Actualmente serían unos 85.000 euros, y a repartir. Esto sería lo máximo que, por ejemplo, percibirían la esposa y los dos hijos del camionero asesinado en Plaza, cuando la sentencia fijó una indemnización para ellos que sumaba 370.000 euros.

Estas compensaciones, indica la norma, de 1995, nunca pueden superar a las que fije la sentencia, pero en estos casos es difícil que suceda. La diferencia entre el dinero impuesto y el efectivamente cobrado puede parecer demasiada, pero hay que tener en cuenta que el Estado difícilmente podría asumir el pago de todo lo que los jueces consideran justo. Y al menos estos delitos --junto a otros, como los de terrorismo-- cuentan con respaldo estatal, lo que no pasa con el resto.