Podemos Aragón criticó ayer los criterios establecidos por el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales para conceder el 60% de ayudas a los cuidadores no profesionales de personas dependientes en la comunidad.
Los diputados Héctor Vicente y Marta Prades denunciaron que el decreto (publicado la semana pasasda en el BOA) «deja fuera al 99%» de los cuidadores de Aragón, ya que solo se podrán abonar las cuotas a aquellos que durante el 2016 estuvieran dados de alta en la Seguridad Social.
La DGA ya apuntó que los beneficiarios de la financiación serán 293 personas, un dato que según Podemos supone «menos del 1%» de los 11.200 que podrían llegar a suscribirlo. Esto sería así, «si se tienen en cuenta los datos que había cuando en el 2012 el Gobierno de Mariano Rajoy anuló estas ayudas», recordó Vicente. Así, insistió en que los presupuestos de Aragón para el 2017 incluyen una partida de 400.000 euros, ampliable, con este fin y con el objetivo de ayudar, como mínimo a 2.000 personas, la mayoría mujeres para que de esta manera «no vean lastrado su futuro» cuando tengan que cobrar una pensión.
Vicente reclamó que las ayudas de la DGA no se paguen a año vencido —el Ejecutivo aragonés financiará un 60%—, «porque las personas con más dificultades económicas posiblemente no podrán asumir este pago al cien por cien y se desincentivará su afiliación», indicó. Por estas razones, el decreto es, para Podemos, «pobre y tímido» y no ofrecerá «verdaderas soluciones».
El diputado pidió a la consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales, Mariví Broto, que «rectifique» y adelante el cien por cien de las ayudas, además de permitir que las reciban los cuidadores no profesionales que durante 2016 no estaban afiliados.
TÉCNICOS
En este sentido, Podemos indicó que está «abierto» a que sean los técnicos los que determinen los requisitos para poder acceder a las ayudas, pero estimó que se podrían haber hecho «mucho más», según Vicente. Por su parte, Prades lamentó el «vacío de ideas» de la política social del Gobierno de Aragón y incidió en que las «principales perjudicadas» van a ser de nuevo las mujeres, que «se vuelven a quedar postergadas en la parte de atrás de las prestaciones», dijo.
Según la orden de la DGA, los interesados en recibir estas ayudas tienen hasta el 2 de septiembre para solicitarlas. La figura del cuidador no profesional se incluye en la Ley de Dependencia y, desde el 2007, las cantidades eran abonadas al 100% por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). Sin embargo, en el 2012 el Gobierno central suprimió la cuota y desencadenó que cada persona tuviera que gestionar su propia cotización.
