La gestión de la dependencia enfrentó ayer en el pleno de las Cortes de Aragón al equipo de Gobierno y al grupo del PP en la oposición, con una guerra cifras sobre el número de beneficiarios, las listas de espera y recursos destinados a esta parcela.
El debate se originó a partir de una interpelación hecha por la diputada popular Ana Marín para criticar la gestión del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales en torno a la dependencia y responsabilizar a su titular, María Victoria Broto, de priorizar las prestaciones sobre los servicios.
En su intervención, la parlamentaria popular aseguró que la mayor prioridad dada a las prestaciones, catalogadas en la ley de dependencia como de carácter excepcional frente a los servicios, «ha provocado una disminución de los recursos» derivados desde la Administración central.
La formación cree equivocada esta política. «Perdemos dinero por su mala gestión y por no cumplir con la ley de dependencia», destacó Marín, quien criticó el detraimiento de recursos para este fin, entre ellos 10,5 millones de euros a través de una modificación de créditos en el 2016 y cantidades sin ejecutar con cargo a los presupuestos del 2017.
Añadió además que la «mala gestión» propició la existencia de una lista de 7.717 personas a la espera de recibir las ayudas a la dependencia.
La parlamentaria destacó, además, que mientras la media estatal de solicitudes a la espera de valoración en torno a la dependencia se sitúa en el 7%, en Aragón esta lista llega al 14%.
«maquillar» / A este respecto, la diputada en la materia criticó a la consejera por no incluir en la lista de espera a las 6.900 personas pendientes de valorar para «maquillar» las cifras, y de este modo favorecer una reducción de los servicios de asistencia a domicilio o de teleasistencia.
En respuesta a estas críticas, las consejera destacó que en el mes de mayo recién cumplido, el número de dependientes atendidos en Aragón ascendía a 26.706, con catorce nuevas incorporaciones diarias al servicio.
Broto reprochó con severidad a los populares el haber asumido el anterior mandato con 24.000 dependientes atendidos y reducirlo a lo largo de la legislatura que encabezó Luisa Fernanda Rudi hasta los 16.000, a un ritmo constante y diario de pérdida de unos cinco usuarios.
Desde el departamento destacaron, además, el «gran esfuerzo» hecho por el actual Gobierno autónomo en torno a una ley sobre la que la propia Rudi llegó a decir que era «bienintencionada pero inaplicable».
La consejera defendió que con los actuales pactos de investidura se han priorizado los servicios sobre las prestaciones, con un peso actual del 60 y el 40& sobre los recursos disponibles, respectivamente.
Broto intentó responsabilizar a los portavoces del PP de no poner en marcha los servicios de teleasistencia, asistencia a domicilio y de autonomía personal, que en la actualidad, según destacó, atienden a miles de personas en la comunidad.
Por otro lado, el Gobierno de Aragón insistió en mantener el proyecto paralizado sobre la renta básica a pesar de que Podemos ha insistido en que se retire para pactao uno mejor.
