La Ponencia de Inundaciones, organismo dependiente de la Comisión del Agua que ayer se constituyó en La Alfranca, elaborará en un plazo de dos años dictámenes que permitan incrementar la seguridad en los pueblos ribereños del Ebro en los episodios de riada y, al mismo tiempo, garantizar un espacio fluvial suficiente que limite los daños de las crecidas.

Esos fueron los puntos principales abordados en la primera toma de contacto del nuevo organismo, que está presidido por Teresa Ladrero, vicepresidenta de la Diputación de Zaragoza y alcaldesa de Ejea, y que cuenta con la participación de representantes de la Administración autonómica, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), el Instituto Aragonés del Gestión Ambiental (Inaga), el ayuntamiento de la capital aragonesa, las comarcas, los pueblos afectados, la universidad, los ecologistas y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP).

"Se hace hincapié en la prevención y en la protección de los núcleos habitados", subrayó Ladrero al término de la reunión, a la que asistió el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona. La presidenta explicó que los trabajos que emprenda la ponencia, que se volverá a reunir en septiembre, se basarán en el Plan Medioambiental del Ebro y en la normativa europea.

Luis Eduardo Moncín, portavoz de los pueblos afectados y alcalde de Pradilla, señaló que el retranqueo de motas se deberá compaginar con medidas como la limpieza del cauce (supresión de islas), el fomento de cultivos alternativos en las tierras situadas junto al cauce y la concesión de subvenciones. "Hay que trabajar en la prevención, no solo reaccionar ante cada riada con medidas de emergencia", dijo.

"Lo esencial es dar más espacio al río", señaló, por su parte, Mariano Mérida, coordinador de Voluntarríos y miembros de Ansar, que insistió en que la mejora del estado del Ebro es una tarea "a largo plazo" y dificultada por el hecho de que no existe un dominio público hidráulico debidamente delimitado. Señaló que los planes de desarrollo rural y la PAC deberán contribuir a mejorar la seguridad.