El proyecto de ley de reforma del impuesto de Sucesiones se tramitará por el procedimiento ordinario y no por lectura única como pretendía el Gobierno, tal y como ha decidido hoy la Junta de Portavoces, donde PP y Podemos han votado en contra de la urgencia en la tramitación, que sí han apoyado PSOE, Ciudadanos y el PAR, mientras que desde el Grupo Mixto, IU ha pedido la retirada del proyecto.
Por tanto, el proyecto de ley presentado por el Gobierno en virtud del pacto al que llegaron PSOE y Ciudadanos hace unas semanas se tramitará por procedimiento ordinario, con un primer debate de totalidad, audiencia pública, un plazo de presentación de enmiendas y su debate en ponencia para llegar al debate definitivo.
El Gobierno y Ciudadanos pretendían que se tramitara de urgencia con el ánimo de que entrara el vigor lo más rápido posible, teniendo en cuenta además, según ha recordado tras la reunión el portavoz del PSOE, Javier Sada, que se precisará un tiempo adicional de unos tres meses para realizar el cambio informático que será necesario hacer una vez que la reforma se haya aprobado.
Con este tipo de procedimiento, ha agregado, será prácticamente imposible que la reforma entre en vigor en octubre.
Y además, tratándose de un asunto "más que debatido", con las posturas claras de cada grupo, por lo que a su juicio "no se hurta el debate" en absoluto.
También Susana Gaspar, de Ciudadanos, ha lamentado la "pinza" de Podemos y PP para alargar el trámite de un proyecto sobre el que se conocen todas las posiciones, con el objetivo de que entre en vigor "cuanto antes".
A favor de la tramitación por lectura única, que supone el debate de la totalidad y las enmiendas en la misma sesión parlamentaria, con un plazo de ocho días para presentarlas desde que la Mesa de las Cortes califica la propuesta, se ha mostrado también el PAR.
Su portavoz en el área de Hacienda, Elena Allué, ha insistido en la necesidad de que "se resuelva este conflicto" cuanto antes y de que las modificaciones no se retrasen para que entren en vigor en año electoral, como es el próximo.
Ha advertido del "atasco" que hay en las Cortes en cuanto a la constitución y avances de los trabajos en las ponencias y ha defendido que ocho días es plazo más que suficiente para presentar enmiendas acerca de un tema sobre el que los grupos llevan debatiendo más de dos años.
Desde el PP, Mar Vaquero, sin embargo, ha justificado su opción por el trámite ordinario en la necesidad de alcanzar acuerdos sobre un proyecto que llegó a las Cortes, ha recordado, con el apoyo de únicamente 23 diputados de 67 (los que suman los 18 del PSOE con los 5 de Ciudadanos).
Si de verdad se quiere llegar a un acuerdo, ha advertido, es necesario contar "con el grupo mayoritario" en la Cámara, es decir, el Popular, "el único que puede garantizar que la reforma sale adelante y rebajar la temperatura del infierno fiscal en el que se abrasan los aragoneses".
El PP, ha asegurado su portavoz, está dispuesto a hablar pero "no responde a imposiciones" y "no va a tragar", además de que no puede dar el sí a un proyecto que consideran "insuficiente" pero sobre el que sí que se pueden encontrar puntos de encuentro en un proceso normal de tramitación.
Si hay "voluntad de trabajo", Vaquero estima que es posible que la reforma entre en vigor antes del 1 de enero del próximo año.
La portavoz de Podemos, Maru Díaz, también ha coincidido que con el trámite de lectura única, PSOE y Ciudadanos han intentado "hurtar el debate", vulnerando así la tarea del Parlamento, al que se intentan "saltar" solo con el apoyo de 23 diputados.
El retraso que la tramitación ordinaria conlleva no es para Díaz una excusa válida, puesto que es responsabilidad del Gobierno haber presentado un proyecto que no cuenta con los avales necesarios.
Desde Podemos, no obstante, están dispuestos a dialogar aunque el proyecto tenga "difícil arreglo" desde sus postulados.
Sada ha replicado que el PSOE intentará acordar la reforma "con el máximo número de grupos, a izquierda y a derecha", con el objetivo de poner a Aragón en la media del resto de comunidades en lo que a la tributación por Sucesiones se refiere.
La portavoz de IU, Patricia Luquin, en coherencia con la postura mostrada desde el inicio de la legislatura, se ha quedado sola, según ha dicho, al pedir la retirada del proyecto de reforma de un impuesto que solo afecta al 10 por ciento de los aragoneses.
A su juicio, que ese 10 % haya sido "causa de interés general" no se ajusta a la realidad y ha mostrado su deseo de que otros asuntos que sí interesan a la gran mayoría de la ciudadanía aragonesa tuvieran el mismo recorrido "mediático".
Finalmente, desde CHA, Gregorio Briz también ha considerado que se podrían haber cerrado acuerdos con el trámite de urgencia, por lo que se ha preguntado si entre los grupos que no lo han apoyado puede haber razones de "rédito político"
En cuanto al fondo de la cuestión, ha recordado que CHA introdujo modificaciones en el pacto al que llegaron PSOE y Ciudadanos pero que seguirá manteniendo enmiendas con el propósito de mejorar el proyecto "desde la izquierda".
