La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) ha remitido al secretario de Estado de Seguridad una queja sobre los incidentes ocurridos el pasado 30 de diciembre en el centro penitenciario de Daroca, frente al que tuvo lugar una manifestación abertzale. El sindicato pide a Interior que investigue el incidente, sobre todo en cuanto a la falta de control y efectivos de seguridad que, a su juicio, puso de manifiesto. Y solicita que informe a la Fiscalía.

El escrito de queja está fechado el pasado viernes, 15 de enero, pero los incidentes, como publicó El Confidencial, se produjeron el pasado 30 de diciembre. Los incidentes expuestos por Acaip son graves, pero ayer fuentes de Instituciones Penitenciarias desmintieron rotundamente que se alterase el orden en la prisión. También la Guardia Civil negó que faltasen efectivos. Según el instituto armado, tenían la manifestación perfectamente controlada.

Esta se produjo sobre las 11.30 horas, con entre 250 y 300 jóvenes, según las fuentes. Llegaron en varios autobuses y organizaron un pequeño concierto en un monte cercano al penal, donde exhibieron pancartas reivindicativas y lanzaron cohetes y bengalas. Hasta aquí, la información fue confirmada por Instituciones Penitenciarias.

Lo que desmintieron es que, según expone Acaip, los jóvenes se acercaran a la valla perimetral --aunque hay fotografías-- y comenzasen a tirar cohetes al interior del recinto, amén de otros objetos. Según el sindicato, entre gritos e insultos a los funcionarios, algunos llegaron a orinar frente a ellos y a enfocarles con cámaras.

El ente gestor de las prisiones también negó que ante la agitación de los reclusos hubiera que desalojar dos módulos y aislar a un presos de ETA.

El sindicato denuncia que solo había en el recinto cuatro guardias de seguridad privada y otros tantos de la Benemérita, que solo incorporó a cinco agentes desde Daroca, con lo que no se pudo ni identificar a los manifestantes. Vinculan el problema a la incorporación de la seguridad privada a las cárceles, en detrimento de la Guardia Civil, que "merma la seguridad".