El Gobierno de Zaragoza aprobó ayer la suspensión de varios puntos económicos del pacto convenio por el que se rige el personal funcionario del ayuntamiento y con los que se prevé ahorrar dos millones de euros. Además, durante este año no se incorporará ningún trabajador nuevo al consistorio ni se cubrirán las bajas por enfermedad o vacaciones, salvo casos excepcionales. Asimismo, en algunos servicios los funcionarios tendrán que trabajar una tarde a la semana o la mañana de un sábado. Esta decisión, adelantada por EL PERIÓDICO, ha rebelado a los sindicatos, que ya han anunciado movilizaciones y que llegarán a los tribunales. Tampoco los grupos municipales de CHA, IU y PP ven con buenos ojos estas medidas.
Entre otras, el Gobierno ha acordado suspender temporalmente y hasta que se acuerde el próximo pacto convenio la promoción de nivel dentro de cada grupo de titulación sin cambio de puesto de trabajo por formación más antigüedad y el compromiso a destinar a formación del personal una cantidad no inferior al 0,2% del capítulo I del presupuesto anual municipal.
También se retiran las gratificaciones del premio por antigüedad, por jubilación voluntaria anticipada y por jubilación y los abonos de las ayudas sanitarias y ayudas sociales diversas, de las cantidades destinadas al Fondo Social y de las facturas referidas a los tratamientos por medicinas alternativas. Además se suspende el fondo económico a la Junta de Personal y Comité de Empresa para el resarcimiento de los gastos ocasionados en el ejercicio de las funciones de representación. Finalmente, y tras una decisión de última hora, se mantiene la bolsa extra de 400 horas mensuales a los delegados sindicales y las ayudas por hijo discapacitado.
El consistorio se basa en el artículo 38.10 del Estatuto Básico del Empleado Público que especifica que en función de las circunstancias económicas, los órganos de gobierno pueden "suspender o modificar el cumplimiento de pactos y acuerdos firmados".
"El Estado ha decidido que hay que ahorrar 36 millones, si no yo tampoco lo haría". Así lo admitió ayer el vicealcalde, Fernando Gimeno, quien quiso restar importancia a la posible conflictividad que la decisión suscite asegurando que son medidas "más suaves que las que se están dando en otras comunidades" y que tiene "difícil éxito" cualquier reclamación en los tribunales.
Los sindicatos representados en la junta de personal --CCOO, UGT, OSTA, CGT, CSIF y CSL-- mostraron su absoluto rechazo a esta medida y adelantaron su decisión de recurrir a los tribunales, además de no sentarse a negociar el nuevo pacto convenio en estas condiciones. Las movilizaciones, no obstante, se decidirán hoy aunque ya ayer criticaron la "mala fe sindical" y la situación de "ilegalidad" por no negociar ni pasar la modificación del acuerdo por el pleno municipal.
