Mantener las instalaciones catalogadas de la factoría Averly tiene un indudable valor patrimonial pero también un peaje para las arcas públicas: 1,5 millones de euros. Así lo aseguran desde la constructora Brial, propietaria de los terrenos, y con las llaves desde el pasado día 10, que abre el debate sobre el futuro de estas naves, ya que el dilema se traslada al Ayuntamiento de Zaragoza, que en el próximo mes y medio deberá, no solo conceder la licencia de derribo para la parte no protegida por Patrimonio, sino decidir si está dispuesto a asumir el coste de rehabilitar el edificio de oficinas, la nave de ajustes y, si la familia lo acepta, la residencia familiar. En ese caso, valdría aún más, pero aún habita en ella su dueña, Carmen Hauke, ahora usufructuaria del inmueble.

El consistorio tiene en su mano dedicarlo a un uso público, porque está dentro del 40% de cesión de los más 9.800 metros cuadrados que ocupa la fábrica, pero la promotora, que ayer abrió las puertas de la fundición por primera vez tras décadas cerradas a cal y canto, solo está obligada a realizar la urbanización y adecentar el jardín del siglo XIX. Pero estaría dispuesta a ejecutar la rehabilitación, incluso a quedarse con la residencia de los Averly, pero su finalidad sería otra: crearía más pisos.

Mientras, el consistorio ya está recibiendo ofertas. Por ejemplo de la Fundación Basilio Paraíso, que plantea crear allí el Museo de la Industria de Aragón, similar a lo que se pensó en su día para la fábrica de Schindler, ahora municipal pero sin uso.

EN EL 2016 Mientras, Brial presentó un plan especial en Urbanismo ya en octubre y solicitó la licencia de derribo de las naves no catalogadas en diciembre. Tras diez meses de espera, confía en que se resuelva "en marzo", para iniciar los trabajos. Así lo explicó Teófilo Martín, uno de los arquitectos que han trabajado en el proyecto. En sus previsiones está empezar a levantar pisos "este mismo año" y acabar todo el proyecto "en dos años".

Por otra parte, Brial demostró que "no se ha realizado ninguna demolición", aunque "se han vaciado de todos los bienes" --algunos aún se guardan en la protegida nave de ajustes--. Y aseguró que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ya ha desestimado las medidas cautelarísimas que había solicitado Apudepa en el contencioso presentado esta semana. Ahora, "en cinco días" presentarán al juez la documentación pedida por el juez, así como el ayuntamiento.