Confianza, lealtad institucional, marco estable de colaboración... Estas fueron solo algunos de los beneficios que el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), Juan Antonio Sánchez Quero, y el alcalde de la capital aragonesa, Pedro Santisteve, remarcaron tras firmar amigablemente el convenio de obras y servicios que llevará en los próximos tres años 9 millones de inversión a los barrios rurales de la ciudad. Un compromiso ampliado esta vez a la posibilidad de que los 292 municipios de la provincia puedan verter su basura en el vertedero de la capital, el acuerdo político que en lo económico no está zanjado.
Lo demostró el hecho de que Sánchez Quero, a continuación de agradecerle al alcalde el hecho de «estar solventando un problema a más de 200 pueblos de la provincia», permitiendo el uso del Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos de Zaragoza (CTRUZ), apostillara que en lo referente al «coste efectivo» del servicio al que se refiere el convenio se refería «solo al tratamiento». Esto corresponde a los poco más de 17 euros por tonelada que ahora pagan los 61 municipios que vierten en ya en él. Y que hasta los 30,8 que quiere Zaragoza en Común (ZeC) percibir está el precio de la amortización de una planta cuya vida útil se verá reducida al recibir «unas 80.000 toneladas más» cada año (el alcalde habló de 20.000, un dato erróneo).
«YA HABLAREMOS»
Así que «si lo quiere subir, estaremos a lo que decida. Si sube la tasa no hay problema». Pero a todos por igual. Porque «lo que importa es solucionarle el problema a 292 municipios», añadía Sánchez Quero, pero antes recordaba que «no hay dos clases de ayuntamientos». No hay que olvidar que en la última negociación de las ordenanzas fiscales en la capital, ZeC quiso aplicarle los 30,8 a los nuevos municipios que se incorporaran al CTRUZ --seguramente, en previsión de la firma de ayer-- y un incremento progresivo a los que ya lo hacen.
Pero Santisteve, que recogió el guante a continuación, le recordó que las arcas municipales que tanto le cuesta a él gestionar año a año son las costean ese esfuerzo económico. «Zaragoza subvenciona ya cerca de 600.000 euros», apuntó el alcalde. Esto es lo que le supone aplicar una tarifa bonificada para los consistorios que vierten los residuos urbanos en el complejo zaragozano. Así que despachó la situación con un enigmático «lo hablaremos» y apostillando que la capital tiene el problema de la capacidad del vertedero y cómo se acortará su vida útil. Imposible de cifrar e inconveniente hacerlo ahí en ese momento con el convenio sobre la mesa acristalada de la Sala Ricardo Magdalena.
Pero el alcalde ayer estaba por recalcar la «solidaridad con el medio rural» que tiene Zaragoza y su «senda de lealtad institucional» que inició hace dos semanas con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y el presidente de Aragón, Javier Lambán. La que reflejaba la foto y el apretón de manos de ayer ante la atenta mirada de diputados provinciales y representantes de todos los grupos municipales. Todos menos del PSOE. Sonora ausencia la de los compañeros de partido de Sánchez Quero en la firma políticamente más relevante entre las dos instituciones.
NUEVE MILLONES
Además, sobre cómo se llevaría a cabo ese acuerdo sobre el uso del vertedero, Sánchez Quero improvisó un anuncio en el que abogaba por crear «estaciones intermedias» de tratamiento que permitan abaratar los costes del transporte para los municipios y, desde allí, transferirlos al CTRUZ. Nada de nada sobre quién paga el traslado desde estas a Zaragoza de los residuos. Clasificación en origen y cumplimiento del mandato de la Unión Europea en el 2020, que es lo que importa. Más ágil estuvo que un Santisteve que por no añadir ni siquiera tiene una opinión formada sobre si Zaragoza estaría dispuesta a acoger la basura de todo Aragón.
Pero ninguno de los dos obviaron que el objeto central del convenio que ayer firmaban era la inversión de nueve millones de euros que la DPZ, a pagar en tres anualidades de tres millones cada una, dos transferencias al año en el primer y segundo semestre, y la obligación de licitar, adjudicar y controlar la ejecución para el ayuntamiento, una de las novedades del acuerdo. Otra se refiere a la elección de esos proyectos, que por primera vez estará en manos de los vecinos, ya que el alcalde anunció que se seleccionarán «en una consulta», como ya pactó hacerlo con Chunta y el PSOE.
Un pacto político que se traducirá, según adelantó el alcalde en «más de cien proyectos de inversión» a realizar en los 14 barrios rurales de Zaragoza en los próximos tres años. Y los dos que se quedaron sin hacer del anterior convenio y que suman un valor de 1,5 millones de euros. En neto, 7,5 realmente nuevos y un aumento del 25% en la cuantía.
