El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza se pronunció ayer de forma unánime rechazando las exigencias que plantea el plan de viabilidad presentado por el consejo rector de la Junta de Compensación de Arcosur. Ayer todos los partidos dijeron no a hacer más viviendas incumpliendo las obligaciones de reserva para equipamientos que exige la ley, no a condicionar la financiación comprometida para el corredor Oliver-Valdefierro y no a denegar las licencias de edificación mientras no se acabe la urbanización de la zona donde van las viviendas. Por eso se opusieron al contenido de este documento y se unieron para exigir a la Junta de Compensación que cumpla sus compromisos, acabe la urbanización de la primera fase para entregar las primeras viviendas en julio y salde sus deudas con la UTE Acciona-Grupo MLN, de unos siete millones, para finalizar el corredor verde. Y que lo haga "en 15 días", para evitar que paren las máquinas si no cobran. El consistorio dijo no a incumplir la ley.

Pero menos mal que estaban de acuerdo, porque no lo parecía cuando el concejal del PP, Pedro Navarro, acusó al responsable de Urbanismo, Carlos Pérez Anadón, de que "lo que le preocupa al PSOE es que cobre una constructora por una obra que no está en Arcosur" y que se comporta como "el cobrador frac" al servicio de estas empresas, no garantizar la entrada de los primeros 2.000 vecinos. El socialista le replicó que era "infecto" su comportamiento porque "ese dinero le corresponde a todos los ciudadanos". Y le exigió que lo retirara, y porque le imputaba un delito.