El Tribunal Supremo dio ayer un nuevo revés judicial al Ayuntamiento de Zaragoza, condenándole a pagar al club deportivo Tiro de Pichón 7,2 millones de euros por la expropiación de 12.622,11 metros cuadrados de suelo realizada en el 2007, hace nueve años, para incluirlos en el Plan de Riberas ejecutado para la Expo del 2008.

Por este tramo de La Almozara se pagaron en el 2011 un total de 2.348.467,86 euros, cantidad con la que nunca estuvo conforme la entidad privada. Y, después de quitarle la razón los tribunales en primera instancia y en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), ahora la magistrada Inés Huerta Garicano, del Alto Tribunal, le reconoce su demanda y obliga al consistorio a abonarle la diferencia hasta los 9.643.015,76 que debió haber desembolsado entonces, más los intereses de demora.

El 3 de noviembre del 2014 presenó recurso de casación y, tras la audiencia celebrada el pasado 26 de abril, el dictamen final le reconoce su derecho a una cuantía para la que el ayuntamiento no tiene consignado dinero en su presupuesto. "Es una malísima noticia para el ayuntamiento porque viene a enturbiar las cuentas de este año que, como sabe todo el mundo, roza el colapso en su situación financiera", manifestó ayer el responsable municipal de Economía de Zaragoza, Fernando Rivarés.

Pero "hay que pagarles sí o sí", admitió, y aseguró que solo le queda una opción: abonarlo con cargo al Fondo de Impulso estatal que espera para este año pero que el Gobierno central no ha garantizado. Igual que los casi 11 millones de euros que otra sentencia le condenó a pagar a FCC por la revisión de precios del 2011 y 2012 en la contrata de limpieza, o los 45 que se teme que le exigirán por las del litigio abierto con la del autobús (que demanda TUZSA) por esos mismos años.

La clave, en el caso del Tiro de Pichón, radica en la diferente consideración que el Alto Tribunal hace sobre el precio del metro cuadrado que se fijó en este proceso por acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Zaragoza en el 2011. El consistorio lo fijó en un valor unitario de 171,78 euros por cada metro cuadrado por este suelo urbano no consolidado, calificado como sistema general y zona verde, con 1.262,21 metros cuadrados edificables para usos deportivos, nunca residenciales, por ser zona inundable del río. La propiedad exigía 722,71 euros por cada metro cuadrado.