El Tribunal Supremo ha confirmado la pena de 5 años de cárcel impuesta al exsecretario del Ayuntamiento de Miedes de Aragón Miguel Angel B., quien entre 1997 y 1999 se apoderó de 43.332,97 euros del dinero público, al incrementar el importe de diversos cheques que debía cobrar por actividades relacionadas con su trabajo.

Así lo ha acordado el Alto Tribunal en una sentencia en la que se confirma la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), que ratificó a su vez el fallo condenatorio dictado en abril de 2003 por la Audiencia de Zaragoza en un juicio con jurado.

Según los hechos probados, el acusado, secretario municipal desde antes de 1974, "prevaliéndose de dicho cargo" rellenaba cheques "que respondían a legítimos mandamientos de pago de dicha corporación municipal" y que, principalmente, se correspondían con viajes oficiales realizados por él, dejando en ellos "espacios en blanco antes de la cifra numérica y de las palabras que reflejaban la cantidad por las que se emitían", informó Efe .

Una vez firmados por el alcalde y el tesorero, los cheques eran de nuevo entregados al secretario, "quien anteponía números y palabras a la cantidad inicial".

Así por ejemplo, en 1997, y en ejecución de un mandamiento de pago por un viaje por importe de 5.000 pesetas (30 euros) se libró un cheque contra la cuenta bancaria del ayuntamiento que fue alterado, resultando de esta manera de 205.000 pesetas (1.232 euros), que el acusado ingresó en su cuenta.

29 CHEQUES Tras la manipulación de al menos 29 talones, Miguel Angel B. logró sustraer de los caudales públicos del municipio, y para su particular beneficio, la cantidad total de 43.332,97 euros.

Los hechos fueron descubiertos a raíz de que el acusado sufriera un accidente de tráfico y estuviera varios meses de baja.

Durante el juicio que se celebró en la Audiencia de Zaragoza, el jurado no dio crédito a las alegaciones de la defensa, que atribuyó la denuncia contra el procesado a un "montaje político". El exsecretario fue hallado culpable y condenado a cinco años de cárcel como autor de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con un delito continuado de malversación de caudales públicos y al pago al consistorio de una indemnización de 41.306 euros, resolución que confirmó el TSJA.

El Tribunal Supremo ha rechazado ahora los recursos de la defensa, que solicitaba la nulidad por la denegación de una prueba sobre unas supuestas deficiencias psicofísicas de su cliente.

En su sentencia, el Alto Tribunal recuerda que con esa prueba "se trataba de acreditar incapacidades exclusivamente físicas" relacionadas con el accidente de tráfico posterior a la comisión de delitos y que facilitó que se descubrieran los hechos. El tribunal del jurado que asistió a sus declaraciones no advirtió en el acusado signos que evidenciasen "una alteración o deficiencia mental", añade la sentencia.