Los taxistas pararán durante dos horas el próximo 30 de mayo, de 11.00 a 13.00 horas. Lo harán para protestar y mostrar a la DGA su malestar por su decisión de iniciar el estudio sobre la viabilidad de autorizar la adjudicación de licencias para prestar la actividad de arrendamiento de vehículos con conductor (VTC). Es decir, para que lleguen a la comunidad los famosos y polémicos servicios de Uber o Cabify. Se trata de redes de transporte privado que se reservan a través de una aplicación móvil y que ofrecen precios inferiores. En ciudades como Madrid o Barcelona han tenido una gran acogida por los clientes, pero, el sector del taxi les ha declarado la guerra al considerarlos competencia desleal ante la imposibilidad de equiparar los precios. Entre otras cosas, porque las tarifas las decide el ayuntamiento.
Según la Asociación Provincial de AutoTaxi se baraja adjudicar unas «240» licencias, una amenaza difícil de afrontar. De hecho, los propios taxistas estaban dispuestos a financiar los 27 millones que costaría la amortización hasta un 18% de sus licencias de forma progresiva en diez años. Una medida, ya descartada, que consideraban vital para adecuar el sector a la demanda.
