La Unión de Consumidores de Aragón (UCA) ha presentado hoy ante el Ayuntamiento un recurso de reposición contra la modificación de festivos en los que podía abrir el comercio en Zaragoza e irá a los tribunales si no se admite, mientras el Gobierno municipal defiende la legalidad del decreto.

En declaraciones a los medios, el presidente de UCA, José Ángel Oliván, ha justificado esta acción porque entiende que el Consistorio está obligado a consultar con las organizaciones de consumidores cualquier modificación en este ámbito, al igual que el Gobierno de Aragón a la hora de establecer los festivos en los que es posible la apertura.

En concreto, el Ayuntamiento de la capital aragonesa aprobó el 10 de febrero una modificación de dos de estos días, el máximo que le permite la normativa, y cambió, a instancia de los sindicatos y las organizaciones empresariales, la apertura del domingo 5 de marzo y del 13 de abril (Jueves Santo) por los domingos 2 de abril y 11 de junio, para que los trabajadores del comercio pudieran disfrutar en ambos casos de dos días consecutivos de descanso.

Sin embargo, no consultaron esta medida con las organizaciones de consumidores cuando, según Oliván, cuatro leyes exigen dicha consulta: la Ley del Comercio en Aragón (que obliga al Gobierno autonómico a dicha consulta, por lo que entienden que también vale para el Ayuntamiento si realiza modificaciones), la Ley de Defensa de los Consumidores de Aragón y la Ley General de Consumidores y Usuarios de ámbito nacional, así como el artículo 51 de la Constitución, que todos ellos reconocen a las organizaciones de consumidores el derecho a ser consultadas en aquellas normativas que les afecten.

Así pues, desde UCA consideran que el Ayuntamiento de Zaragoza ha incumplido estas cuatro normativas y, por ello, presentan este recurso de reposición para que se suspenda la modificación y se inicie con urgencia la tramitación contando con su opinión, y es entonces cuando darán su visión sobre el cambio en sí.

Ha señalado también que podrían haberlo llevado directamente a los tribunales contencioso-administrativos y pedir la suspensión cautelar, pero han optado por el recurso de reposición porque creen que se ha tratado de un "olvido" sin "mala intención".

De todos modos, ha asegurado que ello demuestra la "falta de conocimiento" con la que se llevan a cabo diversos trámites en el Consistorio, en especial aquellos que tienen que ver con los consumidores, algo que ha hecho extensivo al resto de grupos municipales, ya que ninguno de ellos ha alegado este hecho.

Ha explicado que el Ayuntamiento "nunca" les ha consultado estos cambios y que, por tanto, es la primera vez que dicen "ya está bien", porque hay cosas que en otras localidades sí que se consultan y en Zaragoza no.

Asimismo, ha reconocido que, en caso de acudir a un contencioso-administrativo, no llegarían al 5 de marzo -primera fecha cambiada- pero lo que les importa es más "el fuero" y no la medida concreta.

Por su parte, el Gobierno de la Ciudad ha aclarado en un comunicado que ninguna de las leyes citadas obliga a los ayuntamientos a realizar consultas con las organizaciones de los consumidores y que los únicos requisitos son los de comunicar estos cambios con una antelación mínima de 15 días naturales a la Dirección General de Industria, Pymes, Comercio y Artesanía del Gobierno de Aragón, así como la publicación de las sustituciones.

Entienden, pues, que la normativa solo obliga a la consulta al Gobierno de Aragón a la hora de establecer los festivos en los que puede abrir el comercio y no a los ayuntamientos para modificar dos de esos días.

En todo caso, ha recordado que, aunque no hubiera obligación legal y "por deferencia", sí que consultaron la sustitución con las principales organizaciones sindicales, empresariales y de comerciantes, y hubo acuerdo en todas las fechas salvo en la apertura del 11 de junio, que algunas de estas entidades preferían trasladar al 26 de noviembre.

"En ocasiones como esta, en las que no es posible satisfacer a todas las partes, la Concejalía de Educación e Inclusión seguirá priorizando la defensa de los derechos laborales y, particularmente en este caso, la defensa de la conciliación laboral y familiar de los trabajadores del comercio".