La reforma de la Administración local vio al fin el pasado viernes la luz. Se había anunciado infinidad de veces. Tantas como las que la ley --o mejor sus borradores-- se ha retirado. No porque el Gobierno central tuviese dudas, sino porque el texto no gustaba a nadie, ni siquiera a los suyos. La que tenía que ser una norma de consenso se ha tornado en un arma de enfrentamiento más entre los partidos.
El anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local persigue como único objetivo el recorte. Los criterios economicistas están por encima de los territoriales. Pese a las estimaciones del Gobierno central, no está claro de dónde vendrá el ahorro. Sobre todo porque una de las máximas que esconde el texto es que sobran pueblos. Por eso se fomenta su fusión a través de incentivos.
Ahorro
Pero claro, ¿qué ahorro puede derivarse de la fusión de ayuntamientos en los que ningún regidor cobra un euro? El ajuste, por lógica, tendrá que venir de la parte de los servicios y no del personal. Y ahí es donde entra uno de los conceptos fundamentales de la ley, el del coste efectivo. Los municipios estarán obligados a mandar cada año al Ministerio de Hacienda cuánto dinero cuesta hacer lo que hacen. Y lo tendrán que hacer según los criterios del Estado. No aclara el texto qué consecuencias se derivarán de todo ello.
Es presumible que si Hacienda considera que el coste de la prestación de un servicio para tal o cual ayuntamiento es excesivo, le obligará a rebajarlo y si no lo hace se lo arrebatará de las manos. Resta la duda de quién lo dispensará a partir de entonces. En principio lo harán las diputaciones, pero cómo y con qué dinero no se sabe. Lo que parece claro es que el Gobierno central pretende esquilmar las competencias locales para centralizarlas en otras instituciones.
Esas instituciones son las diputaciones, que se han convertido en la gran apuesta del Ministerio de Hacienda. Aunque aquí en Aragón existen las comarcas, nombradas casi de pasada en el texto. Una circunstancia que añade todavía más complejidad a los cambios que pretende imprimir el Gobierno en la Administración local. Porque en el anteproyecto no se dice, ni mucho menos, que deban ser las comarcas las que se hagan cargo de los servicios que se quiten de los ayuntamientos.
Todo abierto
Se deja todo abierto. En realidad es algo que deberán arreglar entre el PP y el PAR. El Gobierno de Aragón evitó el viernes cualquier atisbo de crítica sobre el texto. Todo fenomenal, le faltó decir al consejero de Política Territorial, Antonio Suárez, que en estos meses ha sido incapaz de explicar la propuesta del Ejecutivo autonómico acerca de la reforma local. Menos contentos están los aragonesistas. Su presidente, José Ángel Biel, apostaba no hace mucho por eliminar las diputaciones, y ahora ve cómo el Estado no solo refuerza estas instituciones, sino que deja en un segundo plano a sus amadas comarcas.
Las presiones del PAR para que la ley reconociese explícitamente el modelo territorial de Aragón no han surtido efecto. La comunidad no aparece por ningún sitio. Así que los aragonesistas tendrán que decidir qué hacen, si apuestan por negociar para que las comarcas tengan mayor protagonismo y defienden de forma decidida a los municipios, o continúan con su actual actitud: de no decir nada. Y llama la atención en un partido que tiene su fuerza en los pueblos. Aunque mantenerse amarrado al poder de forma casi perpetua tiene su precio.
Más claro lo tienen el resto de fuerzas políticas de la comunidad, que mantienen una oposición cerrada al texto porque consideran que supone un ataque directo a la autonomía municipal. Y no les falta razón. Con la excusa del ahorro y la reducción de costes, el Gobierno central se convierte en un auténtico interventor de la mayoría de los ayuntamientos. Algo que no deja de ser curioso porque no son los consistorios las instituciones más endeudadas. Ni mucho menos. La mayoría tienen sus cuentas no solo en equilibrio, sino incluso con superávit. Los mayores problemas son para las ciudades de mayor tamaño, y se debe sobre todo a las llamadas competencias impropias, que prestan sin tener financiación. La nueva ley quiere empezar por resolver este tipo de situaciones, pero no aclara de dónde saldrá el dinero que necesitarán las comunidades autónomas y las diputaciones para prestar unos servicios que ahora dispensan los municipios por ellas, sin que les cueste ni un euro.
