El Instituto Aragonés del Agua (IAA) está negociando un convenio económico con el Ayuntamiento de Zaragoza para que el consistorio cobre por continuar con la explotación y el mantenimiento de la depuradora a partir de enero del 2013, que es cuando Zaragoza comenzará a pagarle a dicho organismo el canon de saneamiento por depurar las aguas residuales. El director del IAA, Alfredo Cajal, explica que el acuerdo en el que se trabaja permitiría al instituto recaudar dicho tributo y pagar al ayuntamiento por la gestión que realice en la instalación.

La bonificación acordada en su día para los vecinos de Zaragoza les eximía de este desembolso al cien por cien hasta finales del 2012. Y es que la construcción de las depuradoras de la ciudad corrió a cargo exclusivamente de las arcas municipales. Y por ello, durante diez años, del 2002 hasta el 2013, los zaragozanos no han pagado el cálculo de amortización, que el IAA valora en más de 300 millones. "El canon no se paga por depurar, sino por producir aguas residuales. Aunque los ingresos que se obtienen vayan a la depuración", añade Cajal.

DESATASCAR EL PLAN Pero la aplicación de este nuevo impuesto --destinado a financiar la prevención de la contaminación, saneamiento y depuración-- no ha estado exenta de polémica. No solo por el caso de Zaragoza, sino por el retraso de las obras en todo el Plan Pirineo y en tres de las zonas del plan especial. Y es que en estos municipios se viene pagando el 50% del canon por unas instalaciones licitadas o en construcción pero que llevan años sin ponerse en marcha.

Alfredo Cajal recuerda que el pago es "una obligación de todos los aragoneses". Y que se reclamará a aquellos ayuntamientos que no lo hagan por ser los responsables, llegando incluso a la vía del apremio.

El caso es que el Gobierno de Aragón aprobó el pasado día 22 un Proyecto de Ley --que todavía tiene que ser aprobado en las Cortes-- que exime del pago de ese 50% a vecinos y ayuntamientos que a día de hoy carecen de este servicio.

Las poblaciones del Plan Pirineos, por ejemplo, se habían negado a pagar. Mientras que las quejas de las zonas afectadas eran cada vez mayores. Sobre todo la de Utebo, pero también las comarcas del Bajo Aragón, Maestrazgo y Matarraña, y la de Ribagorza, Somontano, Cinca Medio y La Litera.

Entre las razones de esta incertidumbre y retraso del plan está el sobredimensionamiento de las instalaciones y el incumplimiento de los cálculos y las hipótesis previstas en esos años previos al estallido de la burbuja inmobiliaria y de la actual crisis financiera.

No obstante, Cajal asegura que todas ellas estarán en marcha a primeros del 2013. Y que en estos momentos se está trabajando en la modificación de los contratos adjudicados durante estos años y que no se han llegado a culminar, y en que esos cambios sean aceptados finalmente por la intervención.