El partido judicial de Zaragoza, que abarca la capital aragonesa y la treintena de municipios de su área metropolitana --más de 800.000 habitantes y el grueso del tejido empresarial de la comunidad--, necesitaría una treintena de jueces dedicados en exclusiva a atender los pleitos motivados por deudas e impagos para poder absorber el volumen de causas de este tipo que genera la situación de crisis económica. Ahora son solo 19 las oficinas judiciales que se dedican a tramitarlos --17 de Primera Instancia y dos Mercantiles-- junto con el resto de asuntos civiles, con la excepción de los litigios de Familia.

Entre enero y julio de este año, el Decanato de los juzgados de la plaza del Pilar registró la entrada de 6.377 monitorios --demandas en las que los particulares se reclaman deudas de hasta 150.000 euros--, 370 cambiarios --para cobrar efectos de pago, como letras, pagarés o cheques, no cubiertos--, 921 peticiones de desahucio --solicitudes para echar de la vivienda a inquilinos morosos-- y 776 ejecuciones hipotecarias --las entidades financieras piden la entrega de la casa de propietarios que no devuelven el crédito que pidieron para adquirirlas--, además de 199 concursos de acreedores y 930 demandas de carácter mercantil.

VOLUMEN DE TRABAJO Los pleitos civiles provocados por la morosidad ascienden a 8.444, lo que da una media de 496 por órgano que, de mantenerse la tendencia, llegarían a 745 al finalizar el ejercicio. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) situaba el nivel de saturación de un juzgado de Primera Instancia --esa cifra oficial fue anulada por el Supremo, aunque los operadores judiciales la siguen utilizando como referencia-- en 720 demandas anuales. Eso significa que, solo para tramitar este tipo de asuntos, que suponen menos de la mitad del trabajo que recibe la jurisdicción civil --41.431 causas en el 2011, y 45.988 en el 2010--, serían necesarios al menos 17 juzgados con dedicación exclusiva a morosos.

La carencia de medios es aún más acusada en los dos juzgados de lo Mercantil: en los siete primeros meses del año tramitaron 930 asuntos, repartidos entre 766 demandas y 164 ejecuciones. Y la cifra de concursos de acreedores se elevó a 199, una cifra que, de mantenerse el ritmo, haría que Zaragoza cierre el año con el dramático récord de cerca de 300 empresas declaradas insolventes cuando la peor marca llegó en el 2010 con tan solo 210.

El CGPJ sitúa el ratio de saturación de un Juzgado Mercantil en 350 asuntos y 22 concursos, lo que significa que, solo para tramitar las declaraciones empresariales de insolvencia, Zaragoza necesitaría más de una docena de oficinas judiciales.

Las siete asociaciones de jueces y fiscales de España aprobaron el lunes un documento, cuya adhesión debaten hoy las juntas de magistrados, en el que, entre otros aspectos, reclaman al Gobierno central que tome las medidas necesarias para dotar de medios a los tribunales para darles agilidad y eficacia.

JUNTAS "No hay inversión más social que la que se efectúa en Justicia, pues una justicia ágil es un elemento fundamental para la reactivación económica y la inversión interna y extranjera, todo ello, en garantía de los derechos de los ciudadanos", señala el texto, en el que las asociaciones se muestran dispuestas a trabajar a reglamento y a convocar movilizaciones sin descartar la huelga.

Hoy, además de la Junta de Jueces de Zaragoza, celebrarán pleno los magistrados de la Audiencia y los del Tribunal Superior. El orden del día de estos últimos incluye debatir la "necesidad de modernización del sistema judicial español" y tratar la adhesión al acuerdo de las asociaciones.