El Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) se anima a ponerle coto a la utilización del Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos de Zaragoza (CTRUZ) por parte de los más de 60 municipios aragoneses que también vierten su basura en la planta del polígono Empresarium. El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, aseguró ayer que exigirá al Gobierno de Aragón y a la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) a que pongan más dinero para permitir a estos pueblos seguir usando el ecovertedero pero que no sea a costa de un déficit de 650.000 euros anuales que viene soportando en solitario el consistorio desde que la inauguró, en el 2009.

Estas localidades pagan 17,70 euros por tonelada depositada cuando el coste real de recibirlas y tratarlas asciende a 30,80. Cubren menos del 60% de lo que realmente vale usar la planta pese a que de las 281.319,48 toneladas anuales que gestiona en total, 41.915,14 provienen de estos más de 60 municipios que no son la capital aragonesa. Es decir, la ciudad está financiando a estas localidades para que el 14,8% de los residuos que trata el CTRUZ les cueste a ellas poco más de la mitad de lo que esta paga por tenerla funcionando.

Así lo expuso ayer el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, que visitó por primera vez el CTRUZ desde que tomara posesión del cargo, en junio del 2015. Sus cálculos parten de esos 650.000 euros anuales --son datos del 2013-- que se han venido repitiendo en cada ejercicio desde el 2009 que abrió sus puertas la planta de La Cartuja, lo que hace un total de 4,55 millones de euros acumulados. "Es un dineral que es solidaridad de los zaragozanos para con los pueblos. Para que se vea que la capitalidad no es solo atraer lo mejor de estos sino también una devolución hacia el medio rural", expuso el alcalde en su visita.

Porque su argumento principal va orientado no tanto a cobrarle más dinero a los municipios sino que otras administraciones, bien la DGA o la DPZ, arrimen el hombro en este "esfuerzo con todas las comarcas y con pueblos que van más alla de los que conforman el entorno metropolitano de la ciudad". De manera que entiende que como una cooperación entre administraciones para que el peso de ayudarles no caiga solo sobre las arcas de Zaragoza.

"Habrá que hablar con la DGA, que es la responsable en este asunto, y ver cómo esta diferencia tiene que ser compensada", apuntó Santisteve, que no desaprovechó la ocasión para enviarle un recado al presidente de Aragón por hacer caso omiso a sus reiteradas peticiones de reunión que lleva acumuladas el alcalde en los últimos meses, con nulo éxito. "Como no encontramos vía de diálogo con el Gobierno aragonés, hablaremos con el presidente de la DPZ, (José Antonio) Sánchez Quero, que parece ser una persona más propensa a hablar que el señor (Javier) Lambán". "Pero este tema está sobre la mesa y habrá que hablar antes o después", le recordó.

Porque en la hoja de ruta de ZeC no está solo la cuestión monetaria, sino el rápido avance en la capacidad de unas instalaciones que se verán abocadas a una "saturación a futuro en el 2030 previsiblemente". Por lo que conllevaría una necesidad de inversión en cuanto a labores de sellado, creación de nuevos vasos o más dinero para su mantenimiento que comporta "un coste que no está incluido en las partidas" municipales.