El Ayuntamiento de Zaragoza impulsará un programa de mediación específico para solucionar los crecientes casos de desahucio relacionados con usurpación de inmuebles, la conocida okupación. El Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) buscará el apoyo de otras instituciones, como la DGA, para desarrollar un protocolo que solucione un problema cada vez más frecuente, como constatan las estadísticas del Poder Judicial y el propio consistorio, que ya maneja 35 casos. Lo que no se limita a 35 personas, ni siquiera a 35 familias, ya que algunos expedientes corresponden a edificios enteros.
Así lo explicó ayer el concejal de Vivienda del ayuntamiento, Pablo Híjar, tras reunirse con sus excompañeros de Stop Desahucios para abordar uno de estos casos de okupación de edificio, el de una vivienda de Santa Isabel. Como ya explicó la plataforma hace un par de semanas, cuatro de las diez familias que viven en el edificio tienen señalada fecha de desahucio para el próximo 23 de octubre, y ayer Híjar anunció el compromiso municipal de mediar en este asunto.
Para ello, explicó, pedirán a la Sareb, el conocido como banco malo, que paralice el desahucio y poder así negociar un hipotético alquiler social, no solo con las cuatro familias que tienen fijado el desalojo para el 23 de octubre, sino para las otras seis que tienen iniciado un proceso civil de desahucio, aunque la fecha no esté fijada.
Estas 10 familias, con nueve menores de entre 1 y 9 años, «no se van a quedar en la calle», garantizó el concejal, ya que mediaría la Oficina Municipal de Vivienda, dado «el compromiso de este ayuntamiento». Pero lo que quieren lograr es que no tengan que moverse de las casas que ya han hecho suyas al no tener, en principio, inquilinos en perspectiva.
AYUDAS
Según explicó la portavoz de Stop Desahucios Concha Cano, en este tipo de casos se forma «una bola», ya que las familias afectadas no pueden solicitar ayudas como el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), al no tener un alquiler legalizado con el que justificar su necesidad, y no pueden pagar un alquiler social porque no disponen de ningún ingreso.
Como el problema cada vez afecta a más familias, el consistorio quiere poner en marcha a través de la Oficina Municipal de Vivienda este nuevo protocolo de mediación, al estilo de los que ya funcionan para ejecuciones hipotecarias y desahucios. Casos especialmente sangrantes porque, al no haber contrato, no suele haber suministro eléctrico, aunque no sea el caso de Santa Isabel.
Para Híjar, «es inconcebible que una Administración Pública tenga que asumir los platos rotos de las entidades financieras» con estas familias. Valoró que la Sareb es de origen público, fruto del rescate bancario, y como tal juzgó que debería tener un cariz social. «Les sacaremos los colores a las entidades que actúen así», reiteró.
Además, consideran que, dado el volumen de vivienda en manos de bancos e inmobiliarias, paralizada y «degradándose continuamente», a las entidades también les resultaría ventajoso el convenio. Tienen buenos precedentes, como La Esperanza del Gancho, pero Híjar confía en que con un convenio específico no haya que «luchar tanto» cada caso.
